Gobierno estudia cambios en el régimen disciplinario militar similares a los de la Ley de Derechos de Guardia Civil

Ve "adecuado" imponer sanciones económicas o de "demérito" y "reducir" los arrestos para que sólo se apliquen a los "ilícitos más singulares"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno está "considerando" varias modificaciones del régimen disciplinario vigente en las Fuerzas Armadas en línea similar a los cambios desarrollados en la normativa de la Guardia Civil y contemplados en la Ley Orgánica Reguladora de Derechos y Deberes del Instituto Armado.

El Gabinete que preside José Luis Rodríguez Zapatero ve "adecuado" imponer sanciones económicas o de "demérito profesional" y, al mismo tiempo, "reducir" los arrestos de tal modo que esta privación de libertad se restringa a los militares que cometan "ilícitos más singulares".

El Ejecutivo informa sobre sus previsiones legales en una respuesta parlamentaria enviada el pasado 4 de febrero a la diputada del PP y miembro de la Comisión de Defensa del Congreso Carmen Álvarez-Arenas. En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno asegura que el "impacto" en el régimen disciplinario de "una posible Ley Orgánica de Derechos y Deberes para los militares" deberá "tener reflejo en determinados tipos sancionadores".

El Ejecutivo informa de que "se está estudiando la necesidad de redefinir algunos de los tipos actuales para mejorarlos" y cambios como una adaptación legal para el tratamiento de la Violencia de Género en las Fuerzas Armadas porque hoy por hoy "no está adecuado a la realidad actual y a las nuevas leyes aprobadas".

Entre los cambios que el Gabinete planea también figura la adaptación de los deberes y obligaciones militares relacionados "con el Derecho Internacional Humanitario y el incumplimiento de reglas de enfrentamiento en las operaciones militares". En este apartado, el Ejecutivo cita como "ejemplo" las "faltas contra la población civil y sus bienes".

El Gobierno valora la "extensión de las condenas de tribunales civiles cuando afectan al servicio en las Fuerzas Armadas" y pone como ejemplo los casos de maltrato familiar. Otro de los conceptos en estudio es la incorporación de "las doctrinas de los tribunales europeos, del Constitucional y del Supremo". Este punto tiene especial importancia por la sentencia Dacosta, por la que un guardia civil vio anulado su arresto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

RECLAMACIONES DE LAS ASOCIACIONES MILITARES

Algunos de los cambios que el Gobierno dice estar evaluando han sido reclamados desde hace años por las principales asociaciones militares, encabezadas por colectivos como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación de Militares Españoles (AME) que han instado reiteradamente al Ejecutivo a cumplir su promesa de elaborar una Ley de Derechos y Deberes en las Fuerzas Armadas, norma no abordada la pasada legislatura a pesar de que existe un "mandato legislativo" incluido en la Ley de Defensa Nacional por acuerdo de todos los grupos parlamentarios

El Gobierno reconoce que, "además", "se están considerando modificaciones en el procedimiento, básicamente sobre el aumento en las faltas leves de la exigencia del procedimiento escrito y también si se elimina el expediente gubernativo como sucedió con los de la Guardia Civil". En su opinión, esta última modificación legal implicaría "redefinir la clasificación de las faltas" para que se cataloguen como "leves, graves y muy graves".

En materia de potestad sancionadora, el Gobierno "estudia" llevar a cabo una "redefinición" de las "competencias" sancionadoras de las "distintas autoridades" y "desde qué grado militar conviene establecer la potestad disciplinaria". En este último punto, el Gobierno afirma que "parece adecuado incluir sanciones de carácter económico o de demérito profesional, la ampliación de la sanción de pérdida de puestos en el escalafón y reducir la aplicación de arresto a aquellos ilícitos más singulares".

La declaración por escrito del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular se produce meses después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, se comprometiera el 20 de mayo de 2008 en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados a la elaboración de una Ley de Derechos y Deberos de las Fuerzas Armadas.