Humala evita opinar sobre norma que castiga homosexualidad entre policías

  • El presidente de Perú, Ollanta Humala, eludió declararse a favor o en contra del reglamento que sancionará con el retiro a los miembros de la Policía Nacional que tengan relaciones homosexuales y que causen escándalo en la institución.

Lima, 13 dic.- El presidente de Perú, Ollanta Humala, eludió declararse a favor o en contra del reglamento que sancionará con el retiro a los miembros de la Policía Nacional que tengan relaciones homosexuales y que causen escándalo en la institución.

Consultado sobre la polémica norma, Humala, un exoficial del Ejército peruano, respondió que "habría que preguntarle a la Policía Nacional qué opina, habría que escuchar la opinión de ellos".

"Mi opinión es el respeto a las instituciones", subrayó el jefe de Estado.

No obstante, la ministra peruana de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, expresó a través de la red social Twitter que "nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole".

La ministra agregó que "toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley" y recordó que la Constitución Política así lo considera en su artículo segundo.

El nuevo reglamento de la Policía establece que los policías que tengan relaciones extramatrimoniales heterosexuales con compañeros de trabajo y que generen escándalo recibirán una sanción de dos a seis días.

Sin embargo, en el caso de que los agentes tengan relaciones homosexuales "que causen escándalo y dañen la imagen de la institución" serán sancionados, como los que cometen torturas y los que pertenecen a bandas criminales, con la expulsión.

Estas disposiciones forman parte del decreto legislativo 1150 del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que se publicó el martes en el diario oficial El Peruano.

El presidente del Movimiento Homosexual de Lima, Giovanny Romero, calificó de inconstitucional el castigo y recordó que el Tribunal Constitucional de Perú ya ha establecido que una ley no puede sancionar la vida privada de las personas.

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