EMPRESAS Santander gana 3.616 millones hasta junio, un 24% más

SAF presenta una denuncia por "usurpación de potestades públicas" contra todos los delegados territoriales de Salud

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) anuncia que "ha denunciado la asignación de funciones reservadas a funcionarios públicos a personal externo y ajeno a la función pública procedente de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales", situación ésta que "elude el control del poder público reservado al derecho administrativo, a través del personal funcionario".

El Sindicato apunta en un comunicado que la actuación de ese personal externo y ajeno a la función pública "se contradice no sólo con la normativa vigente en función pública sino también con numerosas resoluciones judiciales que advierten de que para mejor garantía de la ciudadanía en un Estado democrático de derecho debe ser el personal funcionario el que cumpla con el ejercicio de funciones vinculadas a las potestades públicas y a la salvaguarda de los intereses generales".

A raíz de esta situación "irregular", el Sindicato Andaluz de Funcionarios afirma que "no ha dudado" en presentar una denuncia penal dirigida contra el actual responsable de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, así como los ocho Delegados Territoriales de Salud y Bienestar Social, y el Secretario General en la provincia de Cádiz.

Este Sindicato considera, asimismo, "inadmisible" que la deficiente cobertura de puestos de personal funcionario en la Relación de Puestos de Trabajo en la Junta de Andalucía "se convierta en pretexto o excusa para que personal ajeno a la función pública ejerza tareas que implican el ejercicio de potestades públicas", más aún existiendo en las Delegaciones Territoriales de la Consejería "plazas vacantes de funcionarios de carrera, y medios para proveer de más personal como es la selección de funcionarios interinos procedentes de bolsa".

Por ultimó, el SAF asegura que "llama la atención", además, la insistencia de la Junta de Andalucía "en mantener al personal externo y ajeno a la función pública en funciones relacionadas con la gestión de la dependencia" mientras "tiene paralizadas la concesión de nuevas ayudas alegando la falta de recursos económicos". "Es decir, no hay dinero para el dependiente pero sí para mantener a su personal externo", lamenta.