Así afirma el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de Ciudadanos Fernando Maura, que se interesó por la detención, el pasado 9 de marzo, del líder de la Unión Patriótica Cubana (UNPACU), José Daniel Ferrer, en Santiago de Cuba. Ferrer fue liberado 24 horas después.
Maura preguntó al Gobierno si era consciente de la situación y si tenía previsto interesarse por el caso ante las autoridades cubanas. Además, denunciaba que "el Gobierno cubano no ha cesado en su hostigamiento contra sus disidentes".
En su respuesta, el Gobierno español dice tener "constancia de la denuncia que organizaciones de la sociedad civil han hecho pública en torno al aumento de acciones dirigidas contra activistas y representantes de la sociedad civil críticos con las autoridades cubanas, unas acciones que no están en consonancia con los objetivos planteados" en el acuerdo con la UE.
Y añade que "el grado de confianza e interlocución alcanzado con el Gobierno cubano ha permitido, desde el respeto mutuo y con la mayor discreción, un interés por estos asuntos en los contactos bilaterales con las autoridades cubanas".
La respuesta del Gobierno llegó al Congreso el pasado 31 de mayo, apenas dos días antes de que el Ejecutivo diese luz verde al acuerdo UE-Cuba y lo enviase a las Cortes para su ratificación, y mes y medio después de la visita a Madrid del ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, que fue recibido por el Rey, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y partidos políticos
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