Garrido ha recordado que el Ejecutivo no tiene mayoría suficiente en el Congreso, por lo que se encuentra actualmente buscando el consenso con otros partidos que le permita dar luz verde al mecanismo este viernes.
"Creo y espero que estará listo para el viernes, pero también creíamos que sería posible antes y el retraso se debe a ese consenso", ha explicado.
Sin embargo, ha comunicado que todos los grupos políticos están de acuerdo en las líneas generales de acortamiento de plazos para la resolución del problema, de que no sea costoso para los consumidores y de que sea obligatorio para las entidades financieras.
"Cuando se logre el consenso tendremos un texto que será defendido por todos los partidos políticos que lo hayan asumido", ha destacado.
Por otra parte, Garrido ha asegurado que el Gobierno "no tiene ningún problema" en reunirse con las asociaciones de usuarios afectados, a las que atribuye "un protagonismo muy importante para la defensa de los consumidores" y con las que el Ejecutivo "no tiene ningún problema en reunirse".
El sistema extrajudicial persigue facilitar un acuerdo con las entidades y establece un plazo máximo de tres meses para su devolución. Este procedimiento será obligatorio para la entidad, pero voluntario para los consumidores.
El Ejecutivo quiere evitar así una avalancha de demandas en los tribunales ante los costes extras que pueden llevar tanto para los hipotecados como para las entidades.
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