Entra en vigencia la ley de acceso a información que asegura la transparencia

  • Guatemala, 21 abr (EFE).- Guatemala puso hoy en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, que asegura la transparencia en el manejo de los fondos públicos, confirmó el vicepresidente de este país, Rafael Espada.

Entra en vigencia la ley de acceso a información que asegura la transparencia

Entra en vigencia la ley de acceso a información que asegura la transparencia

Guatemala, 21 abr (EFE).- Guatemala puso hoy en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, que asegura la transparencia en el manejo de los fondos públicos, confirmó el vicepresidente de este país, Rafael Espada.

El dignatario guatemalteco comentó en rueda de prensa que la puesta en vigencia de esta normativa representa un cambio en la política administrativa.

Todas las entidades públicas y no gubernamentales que manejan fondos del Estado están obligadas, a partir de hoy, a dar toda la información que les solicite cualquier ciudadano con el fin de fiscalizar el uso de los recursos.

Según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que tiene la responsabilidad de fiscalizar y verificar el cumplimiento de la ley, son al menos 8.000 instituciones y organizaciones no gubernamentales las que deben facilitar la información.

"Este es un cambio en la política administrativa... a los que les preocupe la ley es porque no tienen transparencia", señaló el vicepresidente.

De acuerdo con Espada, la facilitación de la información es un derecho humano porque la población puede y debe saber qué hacen con los impuestos que paga.

"Estamos en el servicio público y quien no quiera aportar la información no puede estar ahí", anotó.

La Ley de Libre Acceso a la Información Pública fue aprobada el pasado 23 de septiembre por el Parlamento de Guatemala.

Juan Archila, secretario de la comisión de acceso a la información creada por la PDH, reiteró hoy que su oficina "está preparada para recibir las denuncias, revisar los expedientes que correspondan y luego, en su momento, emitir una resolución" en línea con el derecho humano "a tener acceso a la información pública".

Los funcionarios que se nieguen a entregar la información solicitada, que obstaculicen la entrega de ésta, la oculten o destruyan, serán sancionados con penas que van desde el despido, pago de multas de 6.500 a 34.000 dólares y prisión de uno a cinco años.

Carlos Barrera, viceministro de Finanzas de Guatemala y encargado de dirigir la unidad de esa cartera que asesorará al resto del Gobierno en el cumplimiento de esta normativa, dijo a la prensa que con la entrada en vigencia de la ley "se inicia un cambio cultural para fortalecer la democracia".

Según Archila, para que se garantice el cumplimiento de esta novedosa ley "lo más importante es exhortar al ciudadano para que haga uso del derecho, porque en la medida en que el ciudadano use ese derecho, la institución se preocupará más por dar cumplimiento a lo que establece la normativa".