EL GOBIERNO Y CSIF ASEGURAN QUE EL ESTADO VELARÁ POR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS FUNCIONARIOS CATALANES

- Cuando reciban órdenes ilegales o presiones. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, coincidieron este lunes en enviar un mensaje de “tranquilidad” a los funcionarios catalanes ante el proceso soberanista señalando que el Estado velará por su seguridad jurídica en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones.
Así lo acordaron CSIF y la delegación del Gobierno en Cataluña tras la reunión que mantuvieron para analizar la situación del funcionariado en esta comunidad autónoma ante el proceso soberanista.
Por su parte, Borra aseguró que los funcionarios públicos que, en cumplimiento de su deber de lealtad a la Constitución, incumplan órdenes de sus superiores jerárquicos, “no incurrirán en ninguna responsabilidad” cuando estas órdenes sean contrarias al ordenamiento constitucional.
El sindicato ha elaborado un protocolo que, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.
En este sentido, el sindicato señaló que sus servicios jurídicos se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Y en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo destaca el derecho, e incluso la obligación, del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes.
Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, CSIF se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.
Este encuentro da continuidad al que mantuvo el responsable del sindicato el pasado día 10 de mayo con la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, donde se abordó la preocupación sobre los efectos que puede tener el proceso soberanista sobre la situación de los funcionarios catalanes y se acordó velar por su seguridad jurídica en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones.