Los jueces consideran "inaceptables" las críticas del Gobierno de Berlusconi

  • Roma, 20 may (EFE).- Los jueces italianos han dicho que son "inaceptables" las críticas del Gobierno tras publicarse una sentencia del Tribunal de Milán que considera probado que el primer ministro, Silvio Berlusconi, corrompió a un abogado que testificó a su favor.

Roma, 20 may (EFE).- Los jueces italianos han dicho que son "inaceptables" las críticas del Gobierno tras publicarse una sentencia del Tribunal de Milán que considera probado que el primer ministro, Silvio Berlusconi, corrompió a un abogado que testificó a su favor.

"Es inaceptable que algunos exponentes políticos y representantes del Gobierno hagan acusaciones de carácter personal sobre los componentes del colegio del Tribunal de Milán y en particular de su presidente", afirma la Asociación Nacional de la Magistratura (ANM).

Berlusconi, calificó ayer de "escandalosa y contraria a la realidad" la sentencia sobre el juicio del abogado inglés David Mills, cuya redacción se conoció ayer.

El Tribunal de Milán considera probado que Mills mintió a cambio de 580.000 dólares para favorecer a Berlusconi en dos procesos en los que fue absuelto.

El primer ministro italiano aseguró que dará explicaciones sobre este asunto en el Parlamento.

Sin embargo, la oposición se unió hoy a las críticas de los jueces y pidió que Berlusconi, que tiene inmunidad parlamentaria gracias a una ley aprobada el año pasado, declare ante los tribunales y no ante los diputados.

El líder del Partido Democrático (PD), Dario Franceschini, denunció que Berlusconi no ha tenido "dos minutos para hablar de los problemas de los italianos" en el Parlamento, pero que sí desea acudir "para autoabsolverse y levantar una polvareda política".

El líder de la izquierdista Italia de los Valores (IDV), Antonio Di Pietro, afirmó que Berlusconi debería "defenderse en el tribunal como todos los italianos", y que las acusaciones a la magistratura son "un ataque a la división de poderes".

El proceso a Berlusconi ha quedado aplazado hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, y tras haberse aprobado el año pasado una ley que da inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, entre ellos al jefe del Ejecutivo.