Miles de personas se manifiestan en Paraguay en rechazo de las políticas sociales

  • Asunción, 12 may (EFE).- Miles de personas se manifestaron hoy en Asunción en rechazo a las políticas sociales del Gobierno del ex obispo Fernando Lugo, en momentos en que un sector de la oposición debate la tramitación de un juicio político contra el jefe de Estado.

Asunción, 12 may (EFE).- Miles de personas se manifestaron hoy en Asunción en rechazo a las políticas sociales del Gobierno del ex obispo Fernando Lugo, en momentos en que un sector de la oposición debate la tramitación de un juicio político contra el jefe de Estado.

La manifestación, convocada por una plataforma de 45 agrupaciones sociales, reunió a unas 3.000 personas en las plazas situadas frente al Congreso, luego de una marcha por las principales calles de la capital paraguaya.

La movilización congregó a representantes de gremios de docentes, pequeños productores agrícolas, indígenas, camioneros, taxistas y la asociación de consumidores, así como de grupos de "sin techo" como se denomina en este país a los ocupantes ilegales de propiedades urbanas.

Los manifestantes exigieron a Lugo, que asumió en la Presidencia el 15 de agosto de 2008, una rebaja del precio de los combustibles, de la electricidad, el veto a un proyecto de descentralización administrativa en estudio en el Congreso y créditos para renovar la flota de taxis del la zona capitalina.

La protesta, en la que no se registraron incidentes y que generó atascos en las horas de mayor tráfico de vehículos, fue custodiada por alrededor de 2.500 policías, que no pudieron evitar que cuatro mujeres se dejaran atravesar clavos en las palmas de sus manos.

Felipe Cabrera, uno de los dirigentes de los "sin techo", acusó a Lugo de "traidor" y "mentiroso" y reiteró que su organización no cesará hasta lograr la destitución del secretario de Acción Social, Pablino Cáceres, a quien responsabilizó de su exclusión y la de otros dirigentes de los nuevos programas de viviendas populares.

La protesta se llevó a cabo en momentos en que un diputado del opositor Partido Colorado, agrupación derrotada por Lugo en los comicios del 20 de abril de 2008 luego de una hegemonía de 61 años en el poder, desistió de presentar hoy un pedido de juicio político contra el mandatario.

El diputado "colorado" Juan Bernardo Ziett argumentó que desistió de la presentación del pedido atendiendo a que habría nada más que 45 votos de los 53 que necesitan en ese cuerpo legislativo, de 80 miembros, para que el trámite prospere y pase al Senado, que hace de tribunal.

"Una vez que tengamos los números, ahí sí vamos a presentar en tiempo y forma (el proyecto)", afirmó Ziett, cuyas argumentaciones para exigir el juicio fueron criticadas por varios legisladores del oficialista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), soporte político de Lugo en el Parlamento.

Si bien la oficialista Alianza Patriótica para el Cambio (APC), coalición que llevó a Lugo al poder, no tiene mayoría propia en el Congreso, una de las fuerzas opositoras, el Partido Patria Querida (PPQ), de centro derecha, adelantó que no apoyará ninguna iniciativa para "romper la institucionalidad".

Por su parte, el jefe de Estado reiteró hoy en el departamento de Concepción, noreste del país, que la APC completará su mandato en el 2013.

"El Gobierno de la Alianza va a estar hasta el 2013, terminará bien (su mandato) con todas las fuerzas políticas para construir las bases de un país diferente", aseveró Lugo, al hacer hincapié en que "en este momento no hay ni número ni argumento", para ser enjuiciado políticamente.

"Nos pueden inculpar de muchas cosas, quizás que somos lentos, que no somos eficaces (...), pero no nos pueden decir aquellos elementos que durante más de 60 años han dilapidado erarios públicos para enriquecimientos ilícitos", apuntó el presidente Lugo.

La protesta y los debates sobre un eventual juicio político contra Lugo se producen en momentos en que el mandatario afronta una demanda por paternidad.

Además, se siguen reportando falsas amenazas de bombas en varias instituciones estatales, que han sido calificadas como una campaña de desestabilización por las autoridades.