El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) fue acusado el miércoles por la Fiscalía de Brasil como "comandante máximo" de la red de corrupción de Petrobras, menos de un mes después de la destitución de su heredera política Dilma Rousseff.
Las tribulaciones del líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) y de la izquierda latinoamericana se acumulan sin cesar desde marzo, cuando la policía allanó su casa en la región metropolitana de Sao Paulo, por orden del juez anticorrupción Sergio Moro.
Lula es conducido por la Policía Federal a un interrogatorio forzoso, ordenado por el juez Sergio Moro después del registro de su domicilio en Sao Bernardo do Campo.
La operación se produjo un día después de la confesión, revelada por la prensa, del senador oficialista Delcidio Amaral contra el exmandatario y la presidenta Dilma Rousseff (amenazada entonces de destitución por supuesto maquillaje de las cuentas públicas), en el marco de un acuerdo de reducción de penas con la justicia.
Lula, de 70 años, niega con vehemencia las acusaciones y pide a sus partidarios que salgan a las calles.
El Ministerio Público de Sao Paulo denuncia a Lula por ocultación de patrimonio, ya que sospecha que es dueño de un elegante apartamento en el cercano balneario de Guarujá, algo que el exmandatario niega tajantemente. Los fiscales consideran que Lula "ha violado el orden público" al llamar a sus seguidores a salir a las calles para denunciar una "persecución judicial".
Una juez de Sao Paulo, que debía pronunciarse sobre un pedido de prisión preventiva contra Lula por presunto lavado de dinero, transfiere el caso al juez Sergio Moro, que en 2014 lanzó la operación Lava Jato (lavadero de autos) sobre la red de corrupción de Petrobras.
La justicia divulga confesiones del senador Delcidio Amaral, en las que acusa al ministro de educación Aloizio Mercadante de haber tratado de comprar su silencio para proteger al gobierno de Rousseff. También formula acusaciones contra Lula, Rousseff, el vicepresidente Michel Temer, así como contra el líder de la oposición Aécio Neves (PSDB).
Lula es nombrado "ministro de Estado, jefe de la Casa Civil", un cargo que lo libra de la amenaza de ser detenido, dado que los ministros solo pueden responder penalmente por sus actos ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
Poco después, el juez Moro libera la grabación de una conversación telefónica entre Rousseff y Lula, que sugeriría que la designación de éste buscaba evitar que fuera encarcelado.
Manifestaciones de indignación en todo el país contra el gobierno.
Lula es investido ministro, pero el juez Gilmar Mendes, del STF, suspende su designación. El gobierno apela la suspensión y Rousseff denuncia una maniobra de "golpistas".
Lula afirma a corresponsales extranjeros en Sao Paulo: el juez Moro "es una figura inteligente, competente, pero como ser humano temo que la mosca del poder haya hecho sus efectos en él".
El STF asume provisionalmente las investigaciones sobre Lula, infligiendo su primera derrota al juez Moro.
El fiscal general Rodrigo Janot recomienda anular la designación de Lula como ministro, respaldando la tesis de que se trataba de una artimaña para escapar de la justicia ordinaria.
El plenario del STF decide postergar su decisión sobre el nombramiento ministerial de Lula, sin fijar una nueva fecha para revisar el caso.
Rousseff, que denuncia un "golpe de Estado" institucional, es suspendida de sus funciones por el Senado y reemplazada por su vicepresidente Michel Temer.
La Policía Federal acusa a Lula de beneficiarse de los sobornos de algunas de las empresas de la trama de Petrobras y transmite el expediente a la Fiscalía.
El Senado vota el impeachment de Rousseff.
La fiscalía de Curitiba pide la inculpación de Lula "como comandante máximo del esquema de corrupción" en la petrolera estatal.
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