Y es que, tal y como asegura la asociación a través de un comunicado, "uno de los principales cambios es la privatización del servicio. Hasta ahora, sólo la instalación ubicada en Alcantarilla es de gestión pública, las restantes se gestionan a través de concesiones otorgadas por la Administración regional".
Asimismo, Consumur recuerda que la Directiva Europea 2006/123/CE sobre los servicios en el mercado interior ya indicaba que "no resulta de aplicación a la actividad de ITV por tratarse de una prestación de interés general en el ámbito del transporte".
La organización pide, por tanto, que se mantenga "un servicio público cuyo objetivo principal debe ser garantizar la seguridad vial de los ciudadanos". Además, considera que no debe dejarse en manos privadas su regulación.
Asimismo, señala, la calidad y tarifas del servicio también pueden verse alteradas con la aplicación del Decreto Regional, por ello Consumur apoya los paros previstos por las organizaciones sindicales que han comenzado este viernes y que continuarán el 26 y el 31 de julio, aunque lamenta que la falta de acuerdo con la Administración derive en movilizaciones de este tipo, que perjudican principalmente a los usuarios finales de los servicios.
Para el presidente de Consumur, Roberto Barceló, "la liberalización de las ITV en la Región de Murcia, como así se está produciendo en otras Comunidades Autónomas, es una muestra más del proceso imparable de privatización al que estamos asistiendo en sectores productivos básicos que requieren de una estabilidad de sus tasas y una garantía de servicios que eviten su mercantilización sobre una guerra de precios que no estamos muy seguros que ello contribuya a la seguridad de las inspecciones a realizar".
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