Carpa fue la adjudicataria de la gestión por un procedimiento abierto iniciado por el PP y concluido por Ahora Madrid. De la empresa, Saavedra ha destacado su "dudosa trayectoria" tras las privatizaciones de servicios municipales de distintas localidades encajada en un complejo empresarial en el que ha señalado a Ignacio Triana, "vinculado con Gürtel".
A este empresario le ha relacionado con el "desfalco al Ayuntamiento de Parla por la explotación de un polideportivo, donde además dejó de pagar los sueldos, el agua y la luz teniéndose que hacer cargo el Ayuntamiento". Fue además una empresa que ofreció "bajas temerarias" al Consistorio de Madrid. "No se puede adjudicar un contrato a una empresa de dudosa credibilidad", ha remarcado la concejala.
La socialista Mercedes González se ha referido al "proyecto estrella de Alberto Ruiz-Gallardón en 2007, con todos los ingredientes que le gustaban, como la privatización de una instalación municipal para acabar dándoselo a los amiguetes". El "supuesto polideportivo" lo ha definido como "un gimnasio grande" y ha criticado igualmente la privatización de los aparcamientos del mercado, unido al retraso de cuatro años en la inauguración y al sobrecoste de 18 millones.
Tampoco ha olvidado que este expediente fue "uno de los últimos tramitados por el PP en la víspera de las elecciones, con extrema celeridad" y que llamó la atención la "abismal diferencia" entre el canon mínimo anual señalado por el Ayuntamiento, de 52.000 euros, con la oferta de la ganadora, de 608.000 euros.
Dos de las empresas que entraron en liza, Clece y Valoriza, recurrieron el fallo hy el Tribunal de la Contratación dictó la primera orden de suspensión del concurso, posteriormente desestimada porque las empresas presentaron el recurso fuera de plazo.
"De todo lo contado no se deduce ninguna irregularidad y es muy grave hablar de amiguetes", ha exclamado la portavoz en la comisión del PP, Ana Román, quien ha asegurado que "no salía ningún expediente sin informe de los servicios jurídicos y de la Intervención General", por lo que cree que los argumentos del PSOE no son más que "insidias y sospechas sin base".
El coordinador de la Junta Municipal de Centro, Jesús Martín Díaz, ha relatado que en el momento en el que el concejal-presidente, Jorge García Castaño, toma posesión el contrato estaba en fase de adjudicación.
En ese punto el órgano de contratación podía adjudicar el contrato o renunciar a él por razones de interés público, que supondría compensar económicamente a los licitadores por gastos en los que hubieran podido incurrir. No se encontraron razones de interés público y por ello se procedió a firmar el decreto el 1 de octubre", ha informado.
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