Hay "un mayor debilitamiento de instituciones estatales fundamentales, debido al desmedido afán de control de parte del Órgano Ejecutivo y a un sistemático crecimiento de la corrupción que ha permeado a una parte de la institucionalidad de manera incontrolable", afirma la Defensoría en nota de prensa.
"Se han impuesto mecanismos de control incluso sobre las organizaciones sociales, cuyas dirigencias responden también a la actual gestión política", subraya el organismo.
Menciona también la "sistemática afectación de los derechos de los pueblos indígenas", la "vulneración de los derechos" de las Organizaciones No Gubernamentales, "la grave situación de la justicia" y "la presión ejercida contra medios de comunicación".
Para la Defensoría, estos factores "están generando un debilitamiento progresivo y sistemático de la calidad de la democracia".
Para mayo de este año está prevista la elección de un nuevo Defensor del Pueblo, quien, según el comunicado, debe tener "clara independencia y autonomía de gestión respecto al poder político".
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