Controlada por diputados ligados al agronegocio, una comisión del Congreso aprobó el martes un proyecto de enmienda constitucional que pretende arrebatar al Ejecutivo la potestad de demarcar las tierras de los pueblos indígenas, otorgando la palabra final sobre estos territorios al Congreso.
"La PEC representa un genocidio de los pueblos indígenas, porque nos quita nuestro derecho al territorio", afirmó la líder indígena Sonia Guajajara tras la votación, que se saldó por unanimidad, después que los diputados contrarios a la propuesta se retiraran de la sala vitoreados por indígenas que acudieron a protestar a los corredores del Congreso.
La iniciativa, apodada "PEC 215", forma parte de la agenda ultraconservadora impulsada por la llamada 'Bancada BBB' (buey, bala, Biblia), que incluye proyectos para flexibilizar el porte de armas, reducir a 16 años la edad de responsabilidad penal, excluir a los homosexuales del concepto de familia, y dificultar los abortos en caso de violación.
La propuesta circula desde hace más de una década en el Congreso y aún debe transitar un largo camino para ser aprobada, pero su avance eriza el ánimo entre las comunidades indígenas y sus defensores.
"Si es necesario, vamos a hacer la guerra, vamos a organizar un movimiento general. Si bloqueamos las carreteras de Brasil, paramos el país, tienen que respetarnos", aseguró un representante de la tribu Pataxó a la televisión local en Palmas, donde se desarrollan los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas.
Varios grupos han llamado a boicotear el evento deportivo en reclamo de sus derechos.
En Brasil viven más de 900.000 indígenas, que según la Constitución tienen "derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan", es decir, aquellas que habitan de forma permanente y que utilizan para sus actividades productivas.
"En la práctica, esa transferencia significa que la definición sobre las tierras (...) estará sujeta a las mayorías políticas del momento. Y sabemos que hoy esa mayoría representa intereses individuales y financieros, y actúa para que no se demarque ninguna tierra indígena", opinó la Fundación Nacional del Indio en un comunicado.
Los indígenas de Brasil están desde hace décadas en pie de guerra contra los estancieros por la propiedad de sus tierras y la explotación ilegal de los recursos naturales en sus territorios.
Los pueblos del estado de Mato Grosso do Sul (oeste de Brasil) llamaron a los compradores internacionales a boicotear la próspera agricultura de su región, "manchada de sangre" según ellos por un conflicto que en 2014 provocó el asesinato de más de 40 indígenas.
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