SIP pide a sus miembros redoblar esfuerzos a favor de la libertad de prensa

  • La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió hoy a sus integrantes que redoblen los "esfuerzos a favor de la libertad de prensa", tras recibir esta semana denuncias de intimidación a medios de comunicación en Latinoamérica.

Miami (EEUU), 15 jul.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió hoy a sus integrantes que redoblen los "esfuerzos a favor de la libertad de prensa", tras recibir esta semana denuncias de intimidación a medios de comunicación en Latinoamérica.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, dijo que entre las denuncias destacan el asesinato del director de una radio en Honduras, condenas de cárcel a un periodista en Perú y a un político en Venezuela, y restricciones a la distribución de un diario argentino.

"Si bien esta fue una semana nefasta para la libertad de prensa en muchos países, estos hechos no nos pueden intimidar, sino que deben servirnos a todos los medios para redoblar nuestro compromiso a favor de la libertad de prensa y custodiar esta libertad esencial para el derecho del público a la información", defendió.

Marroquín, director del periódico guatemalteco Siglo21, hizo este llamamiento un día antes de viajar a Ecuador liderando una misión de la SIP para evaluar "in situ los problemas de libertad de prensa".

La organización con sede en Miami detalló en un comunicado que en Honduras fue asesinado el jueves Nery Jeremías Orellana, director de la estación comunitaria Radio Joconguera, en el municipio de Candelaria, provincia de Lempira. Fue interceptado cuando viajaba en una motocicleta por desconocidos que le dispararon en la cabeza.

Orellana, que pertenecía al Frente Nacional de Resistencia Popular, grupo afín al expresidente Manuel Zelaya, es "el cuarto periodista asesinado este año en Honduras, sumándose a los casos de Adán Benítez, Luis Mendoza y Héctor Francisco Medina Polanco".

En Perú, la SIP cree que "pudieran existir represalias políticas" en la condena a dos años de prisión por difamación contra Hans Francisco Andrade Chávez, exconductor del noticiero América Noticias, de la filial de América TV en Chepén, localidad en el noroeste del país.

El periodista fue sentenciado por una demanda del funcionario Juan Vásquez Romero que "se sintió ofendido por declaraciones de Carla Rodríguez Ortiz, coordinadora de un partido político local, quien lo acusó de haberla amenazado de muerte".

En Venezuela, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Robert Rivard, criticó la condena a dos años de prisión por difusión de información falsa impuesta a Oswaldo Álvarez Paz, exgobernador del estado Zulia y excandidato presidencial.

Además del "sorpresivo fallo", Rivard dijo creer que "esto parece formar parte de un esquema de persecución a líderes opositores y medios independientes".

Marroquín y Rivard también se solidarizaron con el presidente y editor del diario El Nacional de Caracas, Miguel Henrique Otero, que presentó el jueves una querella criminal contra los conductores del programa político La Hojilla, que se transmite por el canal estatal VTV, por recientes insultos proferidos contra él y su madre.

Los directivos de la SIP criticaron los "privilegios que los entes reguladores venezolanos" otorgan a los periodistas y programas estatales "quienes parecen libres de insultar", mientras son celosos persiguiendo mínimas irregularidades en medios privados.

También condenaron la "contínua y sistemática campaña contra el diario argentino Clarín", que esta semana fue "víctima de restricciones a su distribución".

Dos puestos de venta del Mercado Central de Buenos Aires no pudieron vender ejemplares de Clarín y Olé por órdenes que habrían emanado de la dirección del mercado y la Secretaría de Comercio Interior del gobierno nacional, según la organización.

"La medida habría sido adoptada en represalia por denuncias periodísticas sobre condiciones de suciedad y abandono de ese mercado que abastece a comercios minoristas de la ciudad de Buenos Aires", precisó la SIP, que recordó que las restricciones a la distribución de diarios, como establece la Declaración de Chapultepec y tratados internacionales de derechos humanos, son una "seria afrenta a la libertad de prensa y expresión".

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