Los acuerdos de 'Ciudadanos' revelan diferencias en la exigencia para apoyar investiduras

En el agitado escenario de los pactos post-electorales, traducidos de momento en acuerdos de investidura, Ciudadanos ha tenido la llave de gobierno en varias autonomías, especialmente para el PP. Los acuerdos con el partido naranja han permitido a los 'populares' salvar, pese a las históricas cifras de debacle electoral, comunidades como Madrid, Murcia o, el último conocido hasta el momento, en La Rioja, donde PP y Ciudadanos han firmado hoy el acuerdo de investidura que permitirá a José Ignacio Ceniceros convertirse en el próximo presidente autonómico.

El pacto riojano ha sido posible una vez que una de las condiciones impuestas por el partido de Rivera se ha concretado: la marcha del candidato popular y hasta ahora presidente riojano, Pedro Sanz, de quien Ciudadanos dijo habría de "ir pensando en jubilarse" (llevaba 20 años en el cargo y los de Rivera exigen una limitación de los mandatos presidenciales a dos legislaturas).

En la Comunidad de Madrid, el acuerdo suscrito entre Cristina Cifuentes y el candidato 'naranja', Ignacio Aguado, tampoco ha estado exento de 'baches'. La sombra de la 'Operación Púnica' ha planeado durante todas las negociaciones. Tanto así, que los consejeros Salvador Victoria y Lucía Figar, ambos imputados, dimitieron dejando claro que lo hacían para no entorpecer el avance hacia un futuro acuerdo de gobierno. Antes había estallado el "caso Ballarín": el número 7 de la lista de Cifuentes había estado imputado durante toda la campaña electoral.

La corrupción amenazó también en la firma del acuerdo en Murcia. La exigencia impuesta por Ciudadanos de apartar a todos los imputados se saldó con la salida del delegado del Gobierno, del anterior secretario general del PP de Murcia y alcalde de la ciudad y de la alcaldesa en funciones de Fuente Álamo.

Con el acuerdo a punto, las negociaciones estuvieron a punto de verse truncadas el viernes, tras conocerse la convocatoria de plazas de libre designación para puestos directivos en el Servicio Murciano de Salud. Un sistema aprobado el pasado febrero con las críticas de toda la oposición y que establece que no es requisito imprescindible ser funcionario de carrera para acceder a determinados puestos. Ciudadanos emplazó de inmediato al PP a revocar dicha convocatoria al entender que incumplía el acuerdo entre ambos partidos, que impide este tipo de plazas por encima del nivel de subdirector general. En Castilla y León, el acuerdo está pendiente de "pequeños flecos", y podría hacerse público en los próximos días.

Con las diferencias, en principio, resueltas, el intenso camino hacia la firma de estos pactos ha sido también el momento para que los partidos emergentes hayan hecho valer su posición de poder para imponer sus exigencias. Condiciones que, en el caso de la formación de Albert Rivera, orbitan sobre todo en torno a tres ejes: corrupción y regeneración política, cohesión social y empleo.

Muchas de ellas son comunes en todos los acuerdos, como la exigencia de primarias, listas abiertas o rendición de cuentas. Otras, en cambio, presentan matices, unos más sutiles y otros importantes. Algunas exigencias están limitadas a una única comunidad.Las exigencias anticorrupción, menos estrictas en Andalucía

43 puntos tiene el acuerdo suscrito entre PP y Ciudadanos en Murcia, 24 el de La Rioja, 76 el de Madrid y 72 el de Andalucía. Diferencias importantes que se traducen en niveles de exigencia. Las condiciones impuestas a Cifuentes son más estrictas que al resto de candidatos 'populares' e incluso a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que hubo de esperar a la cuarta votación de investidura para recibir el respaldo del partido que en la región encabeza Juan Marín y superar así 81 días de bloqueo desde la celebración anticipada de elecciones.

Las diferencias empiezan en materia de corrupción. Así, por ejemplo, el 'pacto madrileño' obliga a la Comunidad de Madrid a la realización de una auditoría económica externa de los últimos 8 años de Gobierno autonómico y de una auditoría funcional y de procesos relativa al último ejercicio. Para ello, Ciudadanos da un plazo de ocho años.

La obligación aparece también en el acuerdo de La Rioja, donde la auditoría habrá de realizarse sobre "todos los convenios firmados en los últimos años en sanidad, servicios sociales y deportes", en un plazo de seis meses.

En el caso andaluz, en cambio, no hay ni rastro de exigencias de este tipo, pese a que el escándalo de los ERE ha amenazado con torpedear cualquier acuerdo. Como tampoco se recoge expresamente la dimisión de los expresidentes Chaves y Griñán, una de las grandes condiciones de la 'naranja' para dar su respaldo a Díaz. Desde Ciudadanos justificaron que se trataba de un documento genérico que no hace referencia a nombres concretos, pero lo cierto es que la exigencia de que la presidenta andaluza se comprometiese por escrito a que Chaves entregaría su acta se dulcificó sobremanera en el sprint final de las negociaciones: al partido de Rivera le bastó entonces la palabra de la presidenta.

Cifuentes hubo de comprometerse también a la eliminación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid- una exigencia que afectará al exministro Ruiz Gallardón o al socialista Joaquín Leguina, ambos con un puesto vitalicio en este organismo por su condición de expresidentes madrileños. También, a la despolitización de la Cámara de Cuentas. De nuevo, este punto difiere en Andalucía, donde únicamente se insta a "reformar la ley de la Cámara de Cuentas para reforzar obligatoriedad de colaboración de las administraciones públicas con la acción fiscalizadora de este órgano", con posibles multas para los responsables públicos que no rindan cuentas.

Las exigencias son también estrictas en el caso de Murcia, donde Ciudadanos ha exigido hasta cuatro comisiones de investigación sobre la gestión del expresidente Ramón Luis Valcárcel (PP): en concreto, sobre el aeropuerto de Corvera, la desaladora de Escombreras, Novo Carthago y la adjudicación del Contrato de la Televisión Pública Regional 7Rm.Mandatos limitados a dos legislaturas... pero ¿de quién?

Otra de las medidas de regeneración política aparentemente más básicas también reviste diferencias. La limitación de mandatos a dos legislaturas es común en todos los acuerdos, pero a quién afecta varía según la autonomía. En Murcia y Andalucía es al presidente autonómico, en Madrid es a presidente y consejeros, mientras que en La Rioja la exigencia se hace más estricta: podría afectar también a los alcaldes de municipios de más de 5.000 habitantes.

En todos ellos se establecen además que los cargos públicos imputados en procesos de corrupción serán apartados de sus cargos. En Madrid, Andalucía y Murcia van más allá: lo serán también aquellos que "hayan falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica", algo que no se contempla en La Rioja. En esta última sí se incluye en cambio un compromiso que no aparece en otros acuerdos y que, a la vista de la importancia de otros puntos, reviste de un carácter menor: el "envío conjunto de todas las papeletas de voto a todos los hogares de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en las elecciones autonómicas". La reducción de los gastos electorales en un 50% para las elecciones autonómicas lo recoge también el acuerdo riojano, y el andaluz, pero no el resto.

El compromiso firmado por Díaz obliga además a que los cargos institucionales que perciban una retribución pública no podrán recibir de sus formaciones políticas ninguna remuneración complementaria. Es el único acuerdo en que aparece una exigencia simular. En La Rioja se establece la eliminación de "todas las comisiones de servicios, excepto por causas tipificadas como bajas médicas o de maternidad" y por tiempo limitado. También un requisito no recogido en otros pactos.La obligación de transparencia, mayor en Madrid

La exigencia de transparencia de la administración es superior , o al menos más detallada, en el caso de Madrid. Según el acuerdo, se obliga a la Comunidad a la creación de un Portal de Transparencia "agrupando toda información pública disponible y haciéndola accesible a todos los ciudadanos", a publicar en la web de la Asamblea las subvenciones destinadas a los diferentes grupos parlamentarios, a publicar semestralmente la memoria de actividad parlamentaria de los diputados de los distintos grupos y las agendas institucionales de todos los diputados autonómicos, así como a crear el primer Registro Público de Grupos de Interés de la Asamblea de Madrid.

En el resto de acuerdos, estas exigencias se reducen básicamente al Open Data (toda la información de las Administraciones debe estar a disposición de los ciudadanos, sin concretar más) y al "derecho del ciudadano a ser informado". También en Madrid se obliga a la reducción de la estructura administrativa y eliminación de al menos el 25% de organismos públicos. En Murcia, por ejemplo, se obliga a la reducción "al mínimo" del número de entes públicos y sus directivos, pero sin concretar cifras.

Más vaga es en cambio en el caso madrileño la referencia a la política fiscal. Cifuentes se compromete a no crear nuevos impuestos y a no subir el tramo autonómico de IRPF. En otros acuerdos, este compromiso se concreta en cifras: en La Rioja, la reducción del IRPF se concreta: hasta el 2% "siempre que la situación económica lo permita". En Andalucía, la reducción llega hasta los 3'5 puntos en caso de las rentas medias y bajas. En el caso murciano, además, se insta a reducir de manera progresiva el impuesto de sucesiones.

Cada uno de los acuerdos incluye particularidades propias de la comunidad. Así, por ejemplo, en Madrid se insta a aprobar un plan integral de turismo, a aumentar , hasta el máximo legal permitido, los incentivos fiscales para las producciones cinematográficas nacionales e internacionales en la región o a reducir las tarifas de transporte público para los jóvenes de hasta 26 años y para desempleados de larga duración. También en este acuerdo se recogen obligaciones como la revisión de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 2013-2020, algo que no compromete a otros presidentes autonómicos.

En Murcia, se obliga a establecer un precio social para el agua desalada, a que se autoricen nuevas adquisiciones de Aguas en otras cuencas hidrográficas o a la puesta en marcha del trasvase Negratín-Almanzora. En el acuerdo de esta comunidad se habla, por ejemplo, de una "tarjeta solidaria" para colectivos en riesgo de pobreza, que no se menciona en otros acuerdos.

En La Rioja se insta al soterramiento del tren en Logroño, a suspender las obras del complejo San Millán y al traslado del IES Sagasta a Maristas.Diferencias en los compromisos sociales

Las diferencias, notables, se aprecian también en las obligaciones en materia social. En el acuerdo de Murcia y La Rioja apenas se va más allá de una vaga mención a la extensión de la sanidad y educación públicas.

En Madrid, sí se ponen cifras: un aumento de 30 millones de euros anuales en la financiación de la atención primaria o a la reducción de un 20% del importe de la cuota por tramo de renta en el primer ciclo de la etapa de educación infantil, de 0 a 3 años. Igualmente, se insta a contratar a 500 nuevos docentes para tareas de apoyo escolar o al mantenimiento del ratio de 5 alumnos/as por aula TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo). En Andalucía, se pide la contratación de entre 400 y 500 profesores de educación infantil, primaria y secundaria, a ampliar en 300 centros de la red de centros bilingües hasta alcanzar los 1.500, o a la contratación de entre 400 y 500 profesionales sanitarios para reforzar los servicios de urgencia y otros servicios prioritarios

En esta comunidad además se insta a reducir a 90 días el plazo máximo de garantía de respuesta quirúrgica a todos aquellos pacientes que necesiten ser intervenidos por enfermedades cardíacas. En Madrid sólo se habla de reducir las listas de espera hospitalarias.

En La Rioja, por ejemplo, se incluyen únicamente vaguedades: "un estudio sobre la situación de la Sanidad en La Rioja que nos permita con posterioridad llevar a cabo una reestructuración del sistema público sanitario Incrementar las dotaciones presupuestarias en sanidad, educación y servicios sociales en función de las necesidades", es uno de los compromisos.

Sólo en Madrid, por ejemplo se habla de Renta Mínima de Inserción, punto en el que Cifuentes se compromete a agilizar los plazos de tramitación para que en ningún caso supere los tres meses.