En un comunicado, la CIDH ha subrayado que la situación de estos migrantes, en su mayoría procedentes de Cuba y Haití y con intención de alcanzar Estados Unidos, "se ha agravado como consecuencia del cierre de la frontera y del aumento de los controles migratorios por parte de Panamá", que hace frontera con esta región.
Según la información oficial del Gobierno colombiano, más de 600 migrantes se han acogido a un proceso de deportación voluntaria, un tipo de deportación que incluye un salvoconducto --un permiso temporal de permanencia-- que se otorga con el compromiso de que el inmigrante deje voluntariamente el país en unos días.
No obstante, la CIDH ha recordado a Bogotá que es "obligación del Estado" antes de promover su salida voluntaria la identificación de los migrantes que tengan "necesidades especiales de protección" --como solicitantes de asilo o víctimas de trata, por ejemplo-- para "adoptar medidas para su protección".
Así, la Comisión asegura haber recibido información "que indica que ante la insuficiencia de canales legales y seguros para migrar, los migrantes recurren a rutas y canales clandestinos en los que se han encontrado vulnerables a abusos y extorsión por parte de organizaciones criminales, traficantes de migrantes, así como algunos policías".
A esto se suma que en los últimos años, varias embarcaciones han naufragado tratando de llegar desde Colombia hacia Panamá, la continuación de la ruta por Centroamérica para llegar a México y, desde allí, tratar de cruzar a Estados Unidos.
La CIDH está alertando sobre los "peligros de muerte" y "abusos" a los que se enfrentan muchos de estos migrantes al atravesar zonas complicadas.
Ante esta situación, la Comisión ha solicitado al Gobierno colombiano que adopte las medidas "necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad" de todos los migrantes que estén bajo su jurisdicción, así como medidas que garanticen "el debido proceso y la protección judicial en el marco de los procedimientos migratorios, a la unidad familiar, y a solicitar y recibir asilo".
En el mismo sentido, ha recordado a Colombia que debe cumplir el principio de devolución y no llevar a cabo expulsiones colectivas de extranjeros, prohibidas por la Legislación internacional y por la Convención Americana de Derechos Humanos, que Bogotá ratificó en 1973.
DEPORTACIÓN DE MIGRANTES
Después de que Migración Colombia anunciara el inicio de las deportaciones --que arrancaron el pasado jueves con la salida de un grupo de 16 migrantes, 13 de ellos de nacionalidad cubana y tres, india--, la CIDH ha reiterado que los procedimientos de deportación "deben analizar, fundamentar y decidirse de forma individual y respetar garantías mínimas".
Si bien los migrantes deben tener derecho al recurso de sus órdenes de deportación, el Estado ha informado de que hasta la fecha ninguno ha tratado de impugnar su salida del país, por lo que la Comisión ha pedido que se adopten "medidas para hacer efectivo" este derecho.
"El hecho de que los migrantes recurran a canales irregulares y a traficantes de migrantes se explica por la falta e insuficiencia de canales legales y seguros para migrar. Hacemos un llamado a los Estados de América a actuar de forma inmediata para que habiliten canales que les permitan a estas personas migrar de forma legal y segura", ha indicado el comisionado y presidente de la CIDH James Cavallaro.
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