INMIGRACIÓN. AMNISTÍA DENUNCIA OCHO TIPOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS A EXTRANJEROS EN CEUTA Y MELILLA

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que en Ceuta y Melilla se están produciendo “ocho tipos de violaciones de derechos humanos” a personas inmigrantes y refugiadas.
Amnistía ha publicado un informe que es resultado de una misión de investigación que realizó el pasado octubre para analizar el grado de incumplimiento por parte de las autoridades españolas de sus obligaciones de derechos humanos en materia de gestión migratoria y de protección internacional.
La ONG ha visitado los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), se ha entrevistado con autoridades y ONG que trabajan en la zona y ha recogido testimonios de inmigrantes y refugiados.
El informe asegura que “las expulsiones sumarias y los abusos policiales, así como la dificultad de acceso por puesto fronterizo en el caso de Melilla y la imposibilidad en el de Ceuta hacen prácticamente infranqueable la entrada para personas refugiadas”.
Además, según Amnistía, quienes lo logran deben afrontar la falta de condiciones adecuadas en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), la discriminación por razón de nacionalidad y la falta de atención a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, víctimas de trata o colectivos LGBTI, entre otros.
LIMBO
Otras violaciones de derechos que denuncia la ONG son “cierre de fronteras para personas refugiadas de nacionalidad distinta a la siria, las restricciones a la libertad de circulación para los solicitantes de asilo y la falta adecuada de información para quienes buscan protección internacional, además de un sistema arbitrario de sanciones en los centros que puede llevar a su expulsión de los mismos”.
“La mayoría de las personas que solicitan asilo, excepto aquellas de nacionalidad siria, se quedan estancadas en el limbo que supone Ceuta y Melilla, donde tienen miedo de pedir asilo por si se prolonga su estancia en los CETI. No se garantiza la aplicación de la Ley de Asilo de la misma manera que en la Península”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Algunas nacionalidades, como la marroquí o la argelina, sufren discriminación a la hora de ser trasladadas a la Península y los colectivos vulnerables no están recibiendo la atención que necesitan”, denuncia el director de AI.
Amnistía ha recabado el testimonio de Muhamed, de 20 años y procedente de Guinea Konakri, una de las cuatro personas que tras permanecer encaramado siete horas en la valla de Ceuta, consiguió entrar en la ciudad autónoma el pasado 9 de septiembre, algo que no lograron las cerca de 240 personas que también lo intentaron, de las cuales 67 fueron devueltas a Marruecos sin ningún tipo de procedimiento.
"Sobre la una de la tarde llegó la Cruz Roja, pero yo había perdido muchísima sangre", explica Muhamed. "Veía mi propio nervio, gritaba a la Guardia Civil que estaba herido y les enseñaba mi brazo envuelto en un torniquete con mi camiseta, pero nadie me hacía caso", relata este joven, que más tarde tuvo que ser operado y ha perdido movilidad en la mano y el dedo pulgar.
De los CETI, Amnistía asegura que hay “sobreocupación que puede llevar en ocasiones al hacinamiento, falta de módulos familiares, falta de acceso a información y un sistema arbitrario de sanciones que no les permite (a sus residentes) adecuar su comportamiento a reglas claras para no ser expulsados de los centros”.
“Los CETI de Ceuta y Melilla no reúnen las condiciones adecuadas de acogida para personas migrantes y refugiadas, especialmente para aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable, que se encuentran desprotegidas y desatendidas y por lo tanto deben ser trasladadas de manera inmediata a la Península”, explica la activista Virginia Álvarez.
Entre los colectivos vulnerables se encuentran las personas LGBTI. AI se entrevistó en el CETI de Melilla, donde hay al menos 60 personas que han solicitado asilo por razones de persecución por orientación sexual, con un grupo de hombres de nacionalidad marroquí que llevaban entre seis meses y un año esperando ser trasladados. A la discriminación por parte de otros residentes, amenazas e incluso agresiones por su condición sexual se añade la discriminación por motivos de nacionalidad, ya que la organización considera que se trata de un ejemplo de cómo no se está garantizando un examen individualizado de sus solicitudes de asilo. “Todos los problemas que hemos vivido aquí nos han hecho olvidar lo que hemos pasado en Marruecos”, relatan a la organización.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Amnistía también ha recabado el testimonio de Marian, argelina de 27 años, que lleva un año en el CETI de Melilla junto a su hija de 3. Ha sufrido agresiones continuas por parte de su marido, que incluso la obligó a prostituirse. En diciembre de 2015 su marido le agredió en plena calle en Melilla y algunos testigos avisaron a la policía. Sin embargo, finalmente Marian retiró la denuncia y la causa fue archivada. Su marido fue readmitido en el CETI, y le pegó solo dos días después. “Volvió peor que antes. Me amenazó diciendo que iba a pagar caro por haberle denunciado y llegó a decirme que, aunque él volviera a Argelia, antes me mataría”, asegura.
A Amnistía le preocupa también que, ante los casos de violencia de género se imponga como medida sancionadora la expulsión del agresor, algo que no protege verdaderamente a la víctima.
Otro ejemplo de personas especialmente vulnerables para las que los CETI no son adecuados, según AI, son las personas con discapacidad, como Redonan Ghazi, argelino de 35 años. Redonan lleva en el CETI de Ceuta desde agosto y sufre una triplejia que le obliga a estar postrado en una silla de ruedas, puesto que no tiene apenas movilidad en las piernas ni en el brazo derecho. El propio personal del centro reconoce que el CETI, situado en un monte a las afueras de la ciudad, no ofrece las condiciones adecuadas para Redonan, que duerme en la zona destinada a enfermería, donde tiene también que comer al no poder hacerlo en la cantina debido a las barreras arquitectónicas.
Amnistía Internacional propone al nuevo Gobierno español un plan de acción que incluye 15 medidas, entre ellas que suspenda la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio y que deje de devolver a este país a personas migrantes y refugiadas hasta que el Ejecutivo de Rabat se comprometa a respetar sus derechos humanos, así como a derogar o modificar la ley para regular con precisión los “rechazos” en frontera de Ceuta y Melilla.
Amnistía también reclama garantías de que todas las personas necesitadas de protección internacional tengan acceso al territorio español, sin discriminación por motivos de nacionalidad, y que los CETI tengan unas condiciones adecuadas de vida.