El fiscal general de Trump amenaza con retirar financiación federal a instituciones que protejan a inmigrantes

"Tales políticas no pueden continuar", ha afirmado Sessions en una comparecencia sorpresa durante la rueda de prensa programada del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, según recoge la prensa estadounidense.

Sessions ha advertido de que estas ciudades y estados deben "considerar cuidadosamente el daño que están haciendo" al negarse a aplicar las leyes migratorias federales. "Insto a los estados y jurisdicciones locales a cumplir con estas leyes federales", ha afirmado durante una breve intervención en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Así, ha explicado que el Departamento de Justicia pedirá que las instituciones que le soliciten fondos certifiquen que cumplen con la ley. Además, el Departamento "adoptará todas las medidas legales para arañar cualquier fondo que se haya concedido".

"En esencia, las políticas promulgadas por la Administración Obama el pasado mes de julio dejan claro que no recibirás ciertos fondos federales si no cumples", ha apostillado. "Vamos a aplicar toda la autoridad legal que tenemos para asegurarnos de que las autoridades estatales y locales, tan importantes para la aplicación de la ley, están en sincronía con el Gobierno federal", ha explicado.

El Departamento de Seguridad Interior ha mencionado explícitamente a Boston, Cambridge, Somerville, Northampton y Amherst en un listado de ciudades que limitan la cooperación con el departamento de Inmigración y Fronteras. Otras instituciones como el estado de Massachusetts comparten esta postura.

En la ciudad de Chelsea, Massachusetts, donde el 44 por ciento de la población nació fuera de Estados Unidos, su alcalde, Thomas Ambrosino, ha respondido ya a Sessions en tono desafiante. "Nuestra postura no va a cambiar digan lo que digan y hagan lo que hagan", ha asegurado, según recoge el periódico 'The Boston Globe'.

Chelsea recibe anualmente unos 11 millones de la administración federal, un dinero que se emplea fundamentalmente en financiar a la policía, pagar salarios de docentes y mantener programas de actividades extraescolares.