Pablo quiere CNI, BOE y CIS y deja a Pedro Sánchez como presidente 'florero'

El programa de gobierno presentado este lunes por Podemos mantiene varios de los condicionantes que complican los acuerdos con el PSOE. Entre ellos, la intención de Pablo Iglesias de ostentar la vicepresidencia.

El partido morado ha diseñado un cargo para su líder que, en la práctica, supondría un golpe de poder sobre Pedro Sánchez: de él dependerían cuestiones estratégicas, como la capacidad de controlar el CNI o los mecanismos de lucha contra la corrupción, un asunto, este último, que podría llegar a poner contra las cuerdas a los socialistas, investigados en el caso de los ERE de Andalucía. El documento, no obstante, se apremia a aclarar que se mantendrá "lealtad institucional" a la presidencia.

Pese a que el texto no asigna personas concretas para cada uno de los cargos, hace una salvedad en este caso, recogiendo explícitamente que "un gobierno de coalición con Pedro Sánchez en la Presidencia y Pablo Iglesias en la Vicepresidencia supone un mecanismo de check and balance, control y contrapeso, es decir, una garantía de que en nuestro país se acabaron los rodillos y los gobiernos que no rinden cuentas". En la práctica, el diseño trabajado por Podemos supone la eliminación del actual ministerio de Presidencia.

El documento se detiene especialmente en detallar las funciones y misión, estableciendo que tendrá como objetivo "situar como prioridad en la agenda política del futuro Gobierno del Cambio y del Progreso las necesidades sociales como eje central de una nueva forma de pensar y hacer política".

Podemos plantea en la nueva estructura una reducción del número de secretarías asignadas a vicepresidencia "como base para una racionalización del gasto público". Se detalla, además que "se reducirá inmediatamente el salario del propio Vicepresidente del Gobierno y se renunciará a los diferentes privilegios asociados al cargo"

"El Gobierno del Cambio tiene que convertir la Vicepresidencia de nuestro país en una institución que la ciudadanía perciba como propia y, por consiguiente, se presenta el diseño de una Vicepresidencia que tiene como fundamentación ética una idea de la política como servicio público", promente. Sus tres prioridades serán la garantía de los derechos sociales, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática.

Como vicepresidente, Iglesias asumiría así el control del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Boletín Oficial del Estado (BOE), cargos ya adscritos a este puesto. También de él dependerá la Secretaría de Estado de Comunicación, responsable, en el actual organigrama, de "coordinar la política informativa del Gobierno, de elaborar los criterios que la determinan y relacionarse con los medios informativos". También elabora y difunde los comunicados del Presidente, dirige los servicios informativos de la Administración General del Estado en España y en el extranjero y es la encargada de organizar la cobertura informativa de la actividad gubernamental.Lucha contra la corrupción

Esta Vicepresidencia reforzaría sus actuales competencias creando una Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado. Entre sus funciones, tal y como se detalla en el programa, se contempla la "especialización y coordinación" de policías, fiscales, jueces y órganos fiscalizadores de la Administración.

Esta nueva Secretaría de Estado contaría con un director general al mando de una Unidad Adscrita de Investigadores, formada por miembros de las fuerzas de seguridad, personal de Hacienda y de Aduanas. Iglesias ha calificado este proyecto como "la medida más ambiciosa de las que se han tomado en materia de lucha contra la corrupción en la Historia reciente de la democracia". Las funciones de esta nueva Secretaría de Estado abarcaría el ámbito estatal, pero también el autonómico y local.

El organigrama se completaría con un director general de Evaluación y Seguimiento, una Oficina de la Ciudadanía para la Transparencia Institucional, un director general para la coordinación de contrataciones con las administraciones públicas así como "otros organismos e instituciones relacionados a los que se considere necesario dotarles de mayor independencia".Unidades policiales independientes

A la hora de justificar la creación de la Unidad Adscrita de Investigadores, Podemos argumenta que "es necesario que jueces y fiscales dispongan de una auténtica policía judicial". "Para ello y en el desarrollo de la acción anticorrupción, se crearán 'Unidades Policiales Independientes'", dice el documento.

Estas "Unidades Independientes" estarían adscritas a los juzgados y no podrán ser apartadas de un caso salvo que lo decidiese el juez al frente a la investigación. Podemos quiere que tengan un estructura independiente y para ello establece que "sólo sus puestos directivos de máximo nivel sean nombrados por el procedimiento de libre designación" (cargos de confianza).

Los miembros de las fuerzas de seguridad que integrarían estas unidades deberán tener un grado universitario y contar con más de diez años de experiencia dirigiendo unidades de Policía Judicial. Sus responsables podrán sumar a estas unidades a otros funcionarios en función de criterios como la relevancia o la urgencia de resolución del caso. Sólo rendirían cuentas ante el juez "sin tener la obligación de informarles a los mandos policiales de la evolución de las investigaciones ni de los resultados obtenidos".

La Secretaría de Estado que propone Iglesias contaría además con el llamado "Consejo Asesor Anticorrupción" formado por "movimientos asociativos civiles y personalidades de reconocido prestigio en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

A esta Vicepresidencia con una Secretaría de Estado contra la Corrupción, habría que sumarle la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, la Secretaría de Estado de Comunicación y una Subsecretaría de Presidencia.

Entre otra de las novedades que plantea Iglesias para su Vicepresidencia está la creación de una Oficina de Derechos Humanos, algo que advierte como "imprescindible e irrenunciable". Su responsable tendrá la condición de secretario de Estado y su función será "velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales que adquiera España en materia de derechos humanos".

Se crearía una comisión interministerial para coordinar todas estas funciones entre los distintos ministerios y esta oficina deberá también coordinarse con el Defensor del Pueblo. Actualmente ya existe una Oficina de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores.