Garzón se refiere a lo sucedido la semana pasada en el Parlamento Europeo, que aprobó una resolución para activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea y retirar los derechos de voto de Hungría por existir un 'riesgo claro de violación de los valores europeos', pero con el voto en contra de los 'populares' españoles, alemanes e italianos del PP, los 'tories' británicos y los partidos euroescépticos y de extrema derecha.
Para Garzón, la posición del PP es "muy grave pero, a la vez, ilustrativo", así que ha pedido al Gobierno que aclare "hasta dónde se comparten intereses con un Gobierno que se caracteriza por su xenófoba política de persecución de migrantes y refugiados, con leyes de excepción propias del fascismo; por sus ataques a la independencia de medios de comunicación, órganos judiciales y universidades, así como por el menoscabo de las libertades ciudadanas básicas".
Además, pregunta al Gobierno de Mariano Rajoy si piensa poner en marcha alguna medida para "frenar la deriva fascista de un Estado miembro de la UE como es Hungría". Garzón recuerda que la resolución aprobada por la Eurocámara detalla la lista de derechos que han sido restringidos o directamente suprimidos en el país, en concreto "la libertad de expresión, la de cátedra, los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, la libertad de reunión y asociación, las restricciones y obstrucciones de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil o el derecho a la igualdad de trato".
Tras la resolución del Parlamento Europeo, ahora la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara debe elaborar un informe para que se inicie un procedimiento sancionador, que deberá ser aprobado por dos tercios del Parlamento.
En ese caso, el Consejo Europeo habría de votar la aplicación del artículo 7 al caso de Hungría, lo que implicaría la retirada los derechos de voto a este país por grave vulneración de los valores europeos, una decisión que debería ser aprobada por unanimidad de los demás Estados miembros.
La aplicación de sanciones a un Estado miembro tiene el precedente de Austria en el año 2000, cuando los entonces 14 miembros restantes de la Unión aplicaron sanciones durante siete meses con motivo de la entrada en el Gobierno de Wolfgang Schüssel del partido de extrema derecha FPÖ, entonces liderado por Jörg Haider.
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