El PP-A ha cifrado "la factura del perjuicio económico" del presunto fraude de la formación en Andalucía en 1.970,6 millones de euros, según se recoge en el documento que esta formación ha elaborado de propuesta de dictamen y conclusiones de la comisión de investigación constituida en el Parlamento. El texto se ha registrado este lunes en el Parlamento y ha sido presentado en rueda de prensa por los vocales del PP en dicha comisión, Teresa Ruiz-Sillero, Jaime Raynaud y Miguel Ángel Torrico.
Ruiz-Sillero ha explicado que de estos 1.970,6 millones, 822,3 millones son fondos estatales perdidos, a los que hay que sumar 46,9 millones de fondos europeos. Además, hay 539 millones de cantidades pendientes de justificar; 60 millones de reintegros pendientes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe); 20 millones de reintegros pendientes de los Consorcios de Formación; 82,4 millones de reintegros no devueltos de entidades a las que reclama; y 400 millones de cantidades que la Junta aún adeuda a entidades del final de las liquidaciones.
No obstante, ha advertido que esta cantidad podría verse incrementada por la revisión de más expedientes de concesión de subvenciones con indicios de irregularidades, y que hay una cifra "incuantificable" que es el "daño irreparable" que han sufrido los andaluces,
A lo largo de 174 páginas y 14 puntos, el PP hace un "relato" de todos los acontecimientos analizados sobre la formación profesional para el empleo, determina responsabilidades políticas y hace recomendaciones para mejorar la normativa en materia de formación y evitar que el fraude vuelva a ocurrir en Andalucía.
Así, señala una serie de 17 "hitos cronológicos" que, a juicio del PP, ponen de relieve que el gobierno andaluz tenía desde el primer momento conocimiento de lo que ocurría en la Formación Profesional para el Empleo, comenzando por el primer Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas referente al SAE de mayo de 2007, hasta los traspasos competenciales entre las Consejerías de Empleo y Educación; pasando por la dimisión de Rafael Velasco o el hecho de que no se aclarara los motivos por los que el marido de la presidenta de la Junta dejó de trabajar en estos cursos una vez que Díaz fue nombrada consejera de Presidencia en mayo de 2012.
"El gobierno andaluz se limitó a ocultar sin hacer caso de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas ni de los Informes Especiales y de Actuación", ha subrayado la diputada 'popular'.
Además, el PP-A eleva responsabilidades políticas para 35 altos cargos del PSOE en los gobiernos de la Junta entre los que están, además Díaz y de los dos expresidentes, los actuales consejeros de Hacienda y Empleo, María Jesús Montero y Sánchez Maldonado; el exconsejero de Educación, Luciano Alonso; cuatro exconsejeros de Empleo; ocho viveconsejeros de Empleo y gerentes del SAE; seis directores generales de Formación Profesional; el director general de la extinta Faffe; y diez delegados provinciales de Empleo con competencia en materia de Formación Profesional para el Empleo.
PIDE A C'S QUE NO HAGA UNA "PINZA" CON PSOE-A
En el caso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el PP habla de "hasta 15 hechos probados que apuntan su responsabilidad política" y el conocimiento de las irregularidades, entre las que destacaron su "falta de colaboración con los trabajos de la comisión" al "ocultar información fundamental" relativa, por ejemplo, a la red clientelar del PSOE; la paralización de la formación profesional para el empleo durante cinco años con el "daño irreparable" que ha supuesto en Andalucía ; o impulsar un segundo cambio competencial a sabiendas del caos organizativo que supondría.
El PP también achaca a Díaz su "participación activa en la recepción de fondos de formación profesional para el empleo para el PSOE-A a través de los alquileres de las sedes con UGT"; "faltar a la verdad", al ocultar sus relaciones familiares con la formación, "que podrían influenciar su toma de decisiones"; así como "inhibirse de sus responsabilidades al recibir, como hecho insólito, hasta nueve informes de actuación del interventor general; así como "permitir que no se actúe con diligencia" para la recuperación y reclamación del dinero defraudado.
Además, Ruiz Sillero ha pedido a todos los grupos "una reflexión" sobre lo acontecido y ha mantenido que el dictamen definitivo que se elaborará con las conclusiones de todos los partidos, "no puede hacerse por conveniencias políticas o por sustentar al gobierno andaluz", en clara referencia a C's y su diputado Julio Díaz, presidente de la Comisión.
Así, ha reclamado a Ciudadanos que no haga "pinza" con el PSOE y que sea "responsable" y no se deje "condicionar" por el pacto de gobernabilidad "como ocurrió en la comisión de investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), donde el gobierno del PSOE e IU eliminó determinadas responsabilidades para favorecer el pacto de gobierno".
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