El objetivo último del texto transaccionado a partir de una iniciativa de la formación morada y las enmiendas socialistas es que ambas entidades nacionalizadas, que actualmente gestiona el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se mantengan en el ámbito público mientras "aporten valor a los accionistas" y contribuyan así a recuperar los fondos del rescate financiero.
En cualquier caso, no se debería proceder a la desinversión parcial o total, o al ente que resultara de su fusión, mientras esa venta no suponga recuperar la totalidad de fondos públicos destinados al rescate bancario, y que según el Tribunal de Cuentas supera los 60.000 millones de euros.
Asimismo, cualquier privatización de estas entidades financieras debería ir precedida de una comparecencia urgente del ministro de Economía ante la comisión parlamentaria del ramo. Por último, la propuesta incluye aumentar "sustancialmente" los recursos económicos y humanos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y analizar los fallos del mercado bancario y habilitar líneas de financiación especiales para evitar la exclusión financiera de cualquier ciudadano o colectivo.
Sin embargo, la suma de los votos de PP, Ciudadanos, los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes del PDeCAT ha impedido que la iniciativa parlamentaria salga adelante.
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