El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont, rompieron este miércoles dos años de enfrentamiento con la reanudación de un tímido diálogo, aunque ambos siguieron atrincherados en sus posiciones sobre un referéndum de independencia.
En un ambiente distendido entre apretones de manos y sonrisas, Rajoy recibió a Puigdemont en La Moncloa, sede del gobierno español en Madrid, junto a tres banderas: europea, española y catalana. Y le regaló un ejemplar de la segunda parte de "El Quijote", en la que el caballero andante de Cervantes viaja a Barcelona.
El último encuentro a este nivel se remonta a julio de 2014, cuando Rajoy se reunió con el entonces presidente catalán Artur Mas, quien le pidió un referéndum de independencia para esa rica región del noreste de España, al que el mandatario español se opuso férreamente.
La escena se repitió este miércoles en una reunión de más de dos horas.
"Él ha mantenido su posición y yo he mantenido la mía", resumía después Rajoy en una rueda de prensa, totalmente inesperada e inusualmente larga, que parecía concebida para solaparse en los canales de televisión con la que el presidente catalán ofrecía en otro lugar de Madrid.
El referéndum era el primer punto de una lista de 46 presentada por Puigdemont, que acaba de cumplir sus primeros cien días en el cargo tras ser investido en enero como sustituto de Mas, el impulsor del proceso independentista catalán.
Los dos dirigentes sí se pusieron, sin embargo, de acuerdo en discutir algunos de esos puntos, que incluyen desde políticas sociales hasta financiación regional, en una reunión que mantendrán sus vicepresidentes la próxima semana.
"Hay temas en los que nos podemos poner de acuerdo y temas en los que no", dijo Rajoy bajando las expectativas sobre esta reanudación de los contactos.
"Es un pasito", consideró por su parte Puigdemont. "Y en este tiempo, en que nosotros estamos recorriendo la última milla, los pasitos sirven para lo que sirven; pero no sirven para mucho", agregó.
Rajoy acepta este nuevo diálogo, aunque tímido y poco esperanzador, en un momento difícil para su formación, el conservador Partido Popular, ante la perspectiva de unas nuevas elecciones legislativas en junio en las que el independentismo catalán copará buena parte de la campaña política.
Hace dos años, el desencuentro entre Rajoy y Mas había iniciado una escalada de tensión: como Puigdemont ahora, Mas había presentado una lista de 23 peticiones, pero ninguna recibió respuesta de Madrid.
En noviembre de 2014, el ejecutivo catalán impulsó una votación simbólica sobre la independencia prohibida por Madrid, que terminó con una querella judicial contra Mas y tres miembros de su gobierno.
En las elecciones regionales de septiembre de 2015, los independentistas consiguieron la mayoría absoluta del parlamento regional. Poco después aprobaron una moción que impulsaba una hoja de ruta de secesión en 18 meses y declaraba su insumisión a las instituciones españolas.
Sin embargo, Mas se tuvo que retirar para facilitar un acuerdo de gobierno entre su coalición y la izquierda radical secesionista. Y Puigdemont, a priori más independentista, imprimió un tono más moderado a sus reivindicaciones.
La hoja de ruta separatista contemplaba en principio declarar la independencia en 18 meses. Sin embargo, en las últimas semanas, matizó el mensaje: ahora el objetivo es preparar los órganos administrativos necesarios para "situar a Cataluña a las puertas del Estado propio".
"Están empezando a tomar conciencia del principio de realidad. Es evidente que en 18 meses no habrá independencia", opina el analista político Josep Ramoneda.
Éste subraya la "delicada" situación financiera del gobierno regional: su deuda está calificada como bono basura, no puede financiarse en los mercados y su liquidez depende de los préstamos del ejecutivo español con quien quieren romper.
Tampoco disponen de un apoyo indiscutible: en las elecciones del 27 de septiembre sólo obtuvieron 48% de votos y su mayoría absoluta en el parlamento depende del voluble apoyo del pequeño partido radical CUP.
Por ello buscan aumentar sus votantes con un programa muy social, con medidas contra los desahucios, los cortes de suministros en hogares vulnerables y mayor inversión en servicios públicos, que contrastan con la austeridad aplicada durante la crisis tanto desde Madrid como desde Barcelona.
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