Efectos de crisis, disputas y fracasos marcan primer Gobierno de izquierdas

  • La coalición entre socialdemócratas y "rojiverdes", primer Gobierno de izquierda en Islandia, ha vivido una legislatura convulsa, marcada por los efectos de la crisis económica de 2008, disputas internas y fracasos en temas centrales.

Anxo Lamela

Copenhague, 23 abr.- La coalición entre socialdemócratas y "rojiverdes", primer Gobierno de izquierda en Islandia, ha vivido una legislatura convulsa, marcada por los efectos de la crisis económica de 2008, disputas internas y fracasos en temas centrales.

Desde el triunfo de hace cuatro años, con el 50 % y 34 de 63 escaños, la izquierda ha vivido una cuesta abajo continua que, según señalan desde hace meses los sondeos, la abocará a un fracaso electoral este sábado y devolverá al poder al centroderecha, que con su política ultraliberal llevó a Islandia al borde del colapso.

El Gobierno presidido por la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir recibió un país con un sector bancario en ruinas, con los tres principales bancos nacionalizados ante la imposibilidad de rescatarlos de entrada por superar en diez veces el PIB islandés; con la inflación y el paro disparados y la moneda por los suelos.

Siguiendo al pie de la letra el programa pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que finalizó en 2011, el Gobierno impuso una política de austeridad que ha estabilizado las finanzas y reducido el paro y la inflación, además de lograr un ligero crecimiento económico (2,9% en 2011, 1,6% en 2012).

La receta se ha basado en una subida de los impuestos, control de capitales para estabilizar la moneda, bajada del impuesto de sociedades y recorte del gasto público en sanidad, educación y pensiones por el equivalente al 3 % del PIB.

Frente a las críticas por los duros ajustes, el Gobierno se ha defendido sosteniendo que era la única forma de salvar el estado de bienestar, pero ese argumento no parece convencer a los islandeses, preocupados por el alto endeudamiento hipotecario de los hogares.

El Estado asumió parte de la deuda bancaria e inyectó una cantidad cercana al 20 % del PIB al recapitalizar los nuevos bancos, que fueron reprivatizados y entregados a sus acreedores extranjeros.

Pero poco ha hecho para aliviar la carga hipotecaria familiar, multiplicada al estar vinculados muchos préstamos a la inflación y al no subir las salarios al mismo ritmo que el IPC.

El crecimiento económico también ha sido puesto en cuestión al estar motivado en parte por una nueva burbuja inmobiliaria.

Las autoridades crearon una unidad anticorrupción, que ha abierto entre 200 y 250 casos que han llevado a imputar a 35 personas en 17, pero solo ha habido dos sentencias efectivas contra tres personas.

El ex primer ministro conservador Geir H. Haarde salió exculpado por no haber evitado la crisis y ninguno de los grandes banqueros y empresarios detrás del colapso, como Jón Ásgeir Jóhannesson o Björgölfur Thor Björgólfsson, se han visto afectados.

La coalición entre socialdemócratas y "rojiverdes" tampoco ha logrado sacar adelante puntos centrales de su programa, como la reforma del sistema de cuotas de pesca o de la Constitución, a partir de un proyecto redactado por una comisión popular que fue aprobado en octubre pasado en un referendo no vinculante.

El nuevo proyecto de Carta Magna, que establece la propiedad pública de los recursos naturales, no fue ni siquiera sometido a votación por falta de tiempo y de apoyos, según el Gobierno.

En su lugar, sacó adelante con el centrista "Futuro Brillante" una moción para que pueda ser aprobado en la próxima legislatura si hay una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento, lo que equivale al entierro definitivo de la nueva Constitución, ya que el centroderecha se opone de forma rotunda a este proyecto.

Lograr el ingreso de Islandia en la UE era otra aspiración, en este caso de la Alianza Socialdemócrata, pero no solo no se ha conseguido, sino que las negociaciones han sido suspendidas temporalmente y las perspectivas son negativas, ya que la mayoría de los partidos y de la población se opone ahora a la adhesión.

El fallo del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) respaldando la decisión de Islandia de no cubrir las pérdidas de los ahorradores extranjeros tras la quiebra del banco Icesave supuso también un revés para la coalición en el poder.

El Gobierno hizo hasta tres acuerdos con Gran Bretaña y Holanda para devolver las pérdidas y pagar los intereses del dinero que estos países adelantaron a sus ahorradores, pero dos referendos forzados por el veto presidencial los tiraron abajo, aunque el dinero se ha ido devolviendo igual con los activos recuperados.

Las divergencias en cuestiones como la UE han minado a la coalición, provocando deserciones de diputados y dejando al Gobierno en minoría, aunque ha sobrevivido a dos mociones de censura.

Mostrar comentarios