Foro de Ermua pide al TS que anule el auto de archivo de la causa contra Ibarretxe y López para celebrar el juicio

Reclama que Ruiz Piñeiro, Antonio García e Ibarra formen parte del Tribunal y solicita el apartamiento de Díaz de Rábago

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El Foro de Ermua presentó hoy ante el Tribunal Supremo el recurso de casación en el que pide que anule el auto del TSJPV del pasado 15 de enero de archivo de la causa abierta contra el lehendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, el futuro presidente del Gobierno vasco, el socialista Patxi López, el secretario de Organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, y cinco miembros de extinta Batasuna, entre ellos, Arnaldo Otegi. De esta forma, solicita que considere "procedente" la celebración de juicio con la petición de la acusación popular, aunque la Fiscalía pida la absolución de los procesados.

El Tribunal que juzgaba a Ibarretxe, López, Ares, Otegi, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Juan José Petrikorena y Olatz Dañobeitia, archivó el caso de supuesta desobediencia por mantener reuniones estando Batasuna ilegalizada -con el voto discrepante de su presidente, Manuel Díaz de Rabago-, al considerar que no existía "acusación legítima" para proseguir con la vista oral, que se había iniciado el 8 de enero. La decisión de archivo fue comunicada 'in voce' por Díaz de Rábago el 12 de enero y tres días después plasmada mediante resolución judicial.

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el Foro de Ermua reclama que el TS declare que la decisión del TSJPV supuso "infracción del derecho a la tutela judicial efectiva", previsto en el artículo 24 de la Constitución Española, y, por tanto, "la procedencia de celebración de juicio oral con la petición del acusador no directamente ofendido por el delito".

El Foro de Ermua, junto con la asociación Dignidad y Justicia, ejercieron la acusación popular en el procedimiento penal abierto contra los ocho encausados, al considerar que los representantes de la izquierda abertzale eran autores materiales de delitos de desobediencia previstos en el artículo 556 del Código Penal, y atribuir a Ibarretxe, López y Ares 'cooperación necesaria' para que los hechos considerados delictivos (las reuniones) se materializaran.

Mientras el abogado del Foro Ermua, Fernando García-Capelo, reclamaba dos años y nueve meses de cárcel para el lehendakari en funciones, nueve meses para los dirigentes socialistas, y entre uno y cuatro años para los de la izquierda abertzale, además de penas de inhabilitación, Dignidad y Justicia pidió tres años de prisión para Otegi, dos para Ibarretxe y Etxeberria, y uno para López, Ares, Barrena, Petrikorena y Dañobeitia.

En su recurso de casación, García-Capelo muestra su discrepancia con el auto del TSJPV por el que acordaba el sobreseimiento de la causa al apelar al artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y aseguraba que la acusación popular "no tiene legitimación para solicitar en solitario la apertura de juicio oral", apoyándose en sentencia del 'caso Botín'.

Para el alto Tribunal vasco, cuando la Ley habla de acusación particular no incluye a la acusación popular y, por lo tanto, esta última quedaría deslegitimada para pedir la apertura de juicio oral.

Por su parte, el letrado del Foro de Ermua asegura que "es una evidencia" que la LEC no utiliza la denominación de 'acusación popular', pero también que es "una obviedad" que hace extensible el concepto 'particular' también "a quien no es ofendido por el delito".

"Es decir, siempre que la Ley de Enjuciamiento Criminal se refiere al acusador particular incluye a la llamada acusación popular", señala, para subrayar que la Norma "nunca utiliza el término 'acusador particular' de manera restrictiva para referirse en exclusiva al perjudicado por el delito".

Además, recuerda que, en este caso de desobediencia, se está ante "derechos metaindividuales o difusos", pero que "afectan a las personas y, por lo tanto, "la llamada acusación popular ejercita en su ámbito más propio la legítima defensa de dichos derechos".

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Fernando García-Capelo cree, además, que al colectivo al que representa no se le puede privar de defender "unos derechos que le afectan personalmente" y que entran "plenamente dentro de sus fines sociales". En esta línea, recuerda que el Foro de Ermua "tiene como objetivos principales la lucha contra el terrorismo y la oposición al nacionalismo identitario".

"Es incuestionable la vinculación social y el compromiso cívico con la defensa de los bienes y valores que pueden verse afectados en este proceso, toda vez que nos encontramos ante un procedimiento instado por esta parte en relación con la posible desobediencia a la orden del TS para que el partido político Batasuna, que forma parte de la estructura terrorista liderada por ETA-KAS/EKIN, cesara en sus actividades", asegura.

Por ello, alega que el auto del TSJPV de sobreseimiento genera para la acusación popular "una indefensión de tal calibre que no es que no se le permita practicar prueba, sino más aún, no se le permite promover la apertura del propio juicio oral, impidiendo, así, que, a pesar de la existencia judicialmente acreditada de indicios de criminalidad, pueda ejercer la defensa de los derechos que, como acusación popular, defiende".

También recuerda que el propio TSJPV admitió la apertura de juicio oral del llamado 'caso Atutxa', de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver del grupo de 'Sozialista Abertzaleak', con la única solicitud de la acusación popular.

EL TRIBUNAL ENJUICIADOR

Además de la petición de anulación de la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de pasado mes de enero, para poder someter a juicio a Ibarretxe, López, Ares, Otegi, Barrena, Etxeberria, Petrikorena y Dañobeitia, reclama que formen parte del Tribunal que juzgue la causa el presidente en funciones del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, y el también magistrado de la Sala Civil y Penal del alto Tribunal vasco Antonio García.

De esta forma, insta a que se declaren "no ajustadas a derecho" las aceptaciones de las recusaciones de ambos jueces, mientras que pide que se aparte del caso a Manuel Díaz de Rábago, al que el Foro de Ermua recusó, sin éxito.

Asimismo, también cree que debería integrar el Tribunal, si le correspondiera por turno, el actual presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Juan Luis Ibarra, para quien también se decretó su apartamiento.