La reforma para expulsar a ETA de los ayuntamientos no servirá para ANV

  • Madrid, 24 abr (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha reconocido hoy que la reforma que estudia el Gobierno para garantizar que ninguna organización ilegalizada por su relación con ETA -como ANV- pueda gobernar en los ayuntamientos no tendrá efectos retroactivos.

La reforma para expulsar a ETA de los ayuntamientos no servirá para ANV

La reforma para expulsar a ETA de los ayuntamientos no servirá para ANV

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Madrid, 24 abr (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha reconocido hoy que la reforma que estudia el Gobierno para garantizar que ninguna organización ilegalizada por su relación con ETA -como ANV- pueda gobernar en los ayuntamientos no tendrá efectos retroactivos.

Así lo ha afirmado Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que supone que la reforma legal que prepara el Ejecutivo no podrá aplicarse a ANV, formación ilegalizada en septiembre de 2007 y que gobierna en 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra.

La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno dispone ya de varios estudios e informes, entre ellos los remitidos por la Fiscalía General del Estado y los servicios jurídicos del Estado, con distintas propuestas sobre las medidas necesarias para evitar que personas que pertenecen a una formación política ilegalizada puedan gobernar las corporaciones locales.

En cualquier caso, De la Vega ha dejado claro que la iniciativa que se proponga, "cuando sea ley, no podrá tener efectos retroactivos, como no lo puede tener ninguna ley restrictiva de derechos".

La vicepresidenta ha indicado que la intención del Gobierno es que esa reforma pueda aplicarse para las próximas elecciones municipales y conseguir el máximo consenso posible.

Ayer, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido anunció que había sugerido al Gobierno una reforma de la Ley de Bases del Régimen Local para permitir expulsar a ANV de los ayuntamientos.

Según fuentes del Ministerio Público, se trataría de reformar el artículo 61 de dicha ley para incluir entre las causas de disolución de un consistorio el que esté gobernado por una mayoría de concejales pertenecientes a un partido político ilegalizado con posterioridad a la constitución del mismo.