Los agentes antiterroristas enmarcan la acusación de Pumpido en la "guerra" entre jueces y fiscales por la instrucción

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Distintos mandos de la Policía dedicados a la lucha antiterrorista, consultados hoy por Europa Press, trasladaron su sorpresa e indignación por la declaración del fiscal general del Estado denunciando nula colaboración por su parte en las investigaciones de las listas electorales vinculadas a ETA. En esa acusación, los responsables policiales ven un episodio más de la "guerra" entre la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Nacional por controlar la instrucción de los casos, asignada por Ley a éstos últimos.

Cuando Conde-Pumpido fue preguntado esta mañana en los Desayunos Informativos de Europa Press por la posibilidad de que Batasuna intente concurrir a los comicios europeos, el fiscal general dijo haber solicitado a la Guardia Civil, en exclusiva, información al respecto. "Digo la Guardia Civil porque es la que nos ha permitido realmente impugnar ANV y al PCTV", afirmó, añadiendo poco después: "Hago esta distinción porque cuando presentamos la ilegalización de ANV y el PCTV y cuando hemos presentado la impugnación de Askatasuna y D3M tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil porque la Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor"

Para explicar su indignación, las fuentes antiterroristas consultadas ponen, como ejemplo, las pruebas conseguidas en la operación iniciada en la localidad guipuzcoana de Segura el 4 de octubre de 2008 para la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y ANV.

Aquella operación fue consecuencia de las investigaciones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía, que puso en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la reunión que mantenían aquella noche la cúpula de la ilegalizada Batasuna y los individuos que iban a formar parte de su relevo. Las investigaciones posteriores permitieron determinar los nexos jerárquicos y, sobre todo económicos, entre los dirigentes de Batasuna y el PCTV, legal en aquel entonces y con representación en el Parlamento vasco.