En un sorprendente giro de los acontecimientos, el presidente regional saliente, Artur Mas, renunció el sábado a su reelección para facilitar una gran coalición de conservadores, progresistas y anticapitalistas que, con mayoría absoluta en el parlamento regional, proclame en 18 meses la independencia de Cataluña.
Este domingo por la tarde, el Parlamento catalán escogerá como sucesor de Mas a Carles Puigdemont, actual alcalde de Girona, feudo nacionalista a 100 km al norte de la ciudad, y empezará su andadura una legislatura llamada a crear un severo conflicto con Madrid.
Mientras los independentistas concentran sus fuerzas, la cuarta economía de la zona euro se encuentra sin gobierno y con un tablero político muy fragmentado tras las elecciones del 20 de diciembre, ganadas por el presidente de gobierno conservador Mariano Rajoy pero lejos de la mayoría absoluta.
"La coalición [independentista] aprovecha el vacío de poder en Madrid para pactar una investidura y aplicar su hoja de ruta", tituló este domingo el conservador periódico digital El Español.
En Madrid "en las últimas semanas decían con entusiasmo que Cataluña se estaba hundiendo (...) A partir de ayer volvieron a saltar todas las alarmas", se regocijó Mas este domingo.
Con la región más rica del país y segunda más poblada en rebeldía, el gobierno en funciones insistió en la necesidad de que "el próximo gobierno de España cuente con una amplia base parlamentaria que garantice la estabilidad y la capacidad" para "hacer frente al desafío independentista".
El mensaje iba dirigido especialmente a los socialistas del PSOE, segunda fuerza política nacional, contraria a favorecer la reelección de Rajoy. En cambio, coquetean con una alianza con la izquierda radical de Podemos que también requeriría a fuerzas independentistas de Cataluña.
"¿Cómo explicamos ahora que los que buscan la independencia en cuestión de meses son los que facilitan que lleguemos al Gobierno?", declaró un dirigente socialista al periódico digital progresista El Diario.
En una declaración en la sede del partido, su portavoz Antonio Hernando evitó pronunciarse sobre pactos, pero ofreció "su apoyo al gobierno en funciones para hacer respetar la ley".
Una vez aparcadas sus divisiones ideológicas, los independentistas quieren arrancar el plan que prometieron aplicar tras las elecciones regionales del 27 de septiembre, en las que obtuvieron una mayoría absoluta en la cámara regional (72 sobre 135 escaños) y un 47,8% de los votos.
Este plan quedó plasmado en una resolución parlamentaria aprobada el 9 de noviembre con la que lanzaban un proceso de secesión y se declaraban insumisos a las instituciones españolas, especialmente al Tribunal Constitucional que pocas semanas después declaró ilegal este texto.
Pero su estrategia estuvo a punto de fracasar por las discrepancias entre la coalición Juntos por el Sí (62 diputados), con conservadores y progresistas, y la izquierda radical Candidatura de Unidad Popular (10 diputados) que rechazaba como presidente a Artur Mas, a quien vinculan con casos de corrupción y los recortes sociales.
Finalmente, Mas dio un "paso al lado", como dijo, evitando así la convocatoria forzada de nuevas elecciones -las cuartas desde 2010 en esta autonomía- que ponían en peligro la mayoría parlamentaria independentista en esta región mediterránea con 7,5 millones de habitantes.
"Saben que si van a nuevas elecciones, su proyecto caería estrepitosamente", criticó la líder de la oposición, Inés Arrimadas, del partido centrista y antiseparatista Ciudadanos. Por su parte, el grupo catalán del PP reclamó este domingo la suspensión del pleno por haberse convocado a última hora, sin respetar los trámites legales.
El pacto debe garantizar la estabilidad del próximo gobierno regional dado que obliga a la CUP a no dejar en minoría a los 62 diputados de la coalición frente a los 63 diputados no independentistas.
El parlamento votará sobre las 20H00 GMT la investidura de Puigdemont, que formará próximamente su nuevo ejecutivo. Entre sus primeras leyes estarán la elaboración de una administración tributaria y una seguridad social propias.
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