TSJA ordena abrir un juicio a una consejera asturiana y al coordinador de IU por un delito de coacciones

OVIEDO, 04 (EUROPA PRESS)

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ordenado la apertura de juicio oral contra la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, y el coordinador general de IU de Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General del Principado, Jesús Iglesias, por un presunto delito de coacciones del que están también acusados Alfonso Suárez Hernández y Luis Álvarez Pérez.

Asimismo, la sala civil y penal ha abierto juicio oral contra el diputado Francisco Javier García Valledor y contra Alfonso Suárez Hernández por un delito de falsedad documental. El auto, al que tuvo acceso Europa Press, acuerda el sobreseimiento provisional del delito de coacciones contra Valledor.

La denuncia judicial fue interpuesta por Francisco de Asis Fernández Junquera-Huergo en calidad de secretario general del PCA, a raíz del conflicto por la sede del partido de la plaza de América de Oviedo. Los hechos se remontan a mayo de 2007 cuando se procedió a realizar un cambio de cerraduras en el citado local, propiedad del partido Comunista de España (PCE) y que hasta esa fecha venía siendo compartido su uso por el grupo de IU y otras organizaciones afines.

Francisco de Asís afirma en su denuncia que le fue impedido el acceso al local así como a otros militantes del PCE por vigilantes de seguridad contratados al efecto por los responsables de IU y sostiene que en el cambio de cerraduras de la sede participaron activamente Noemí Martín González, en calidad de secretaria general del PCA, Jesús Iglesias, coordinador general de IU, Alfonso Suárez en calidad de apoderado del PCA y Luis Álvarez Pérez, como secretario de finanzas.

La acusación particular sostiene que "se llevó a cabo una ocupación con violencia e intimidades de la sede oficial y central del PCA, para lo que contrataron a un servicio de cerrajería y a servicios de una empresa de seguridad para que impidieran el accceso al local a militantes de base del PCA y a empleados y representantes de dicha fuerza política".

En el escrito de la acusación particular se sostiene que los acusados "mantuvieron de forma continuada ocupada la sede del PCA durante tres días por vigilantes jurados". Asimismo, la acusación alega que ante el riesgo de no poder justificar la ocupación de la sede "maquinaron la confección de un contrato de arrendamiento con fecha figurada a 23 de julio de 2003". Este contrato suponía la cesión en arrendamiento a IU del referido local por una duración inicial de diez años, con prórrogas obligatorias anuales hasta un máximo de cino y una renta mensual de 2.400 euros.

Los demandantes sostiene, sin embargo, que IU "nunca abonó cantidad alguna en concepto de renta del citado local ni el IVA correspondiente".

A tenor de estos hechos, la acusación particular solicita para Noemí Martín, Jesús Iglesias, Francisco Javier García Valledor, todos ellos aforados, así como a Alfonso Suárez Hernández y Luis Álvarez Pérez, la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante el tiempo de condena por un presunto delito de coacciones y otro de falsedad documental.

Asimismo, la acusación particular pide otro año y tres meses de prisión para Alfonso Suárez Hernández por presentación de documento falso en juicio".

La fiscalía, sin embargo, interesó el "sobreseimiento provisional" del caso por entender que "no existían elementos suficientes para imputar los delitos que son objeto de acusación los acusados.