VENEZUELA. EXTERIORES TRANSMITE AL EMBAJADOR VENEZOLANO LA PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, se reunió hoy con el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, a quien transmitió la preocupación del Gobierno español por la situación que se vive en el país sudamericano y reclamó "consenso social y político"
Según informó en una nota el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el principal tema abordado ha sido el proceso constituyente en Venezuela, respecto del cual el secretario de Estado trasladó a Isea "la profunda preocupación del Gobierno español y la necesidad de que todo proceso de esta naturaleza sea el resultado de un amplio consenso social y político".
García Casas subrayó, en línea con la Declaración de la Alta Representante de la UE en nombre de los 28, la necesidad de "adoptar medidas que refuercen la confianza mutua con carácter urgente antes del 30 de julio, de manera que se respete la institucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela".
"El Gobierno de España siempre ha defendido una solución negociada, democrática y pacífica a la crisis política, económica y social venezolana y está apoyando activamente el diálogo", indica la nota de Exteriores. "En el momento en que nos encontramos, son necesarios resultados urgentes que deben articularse sobre cinco ejes: fin de la violencia y del derramamiento de sangre y respeto por el derecho de manifestación pacífica; respeto por la separación de poderes; liberación plena de los presos políticos, incluidos los de nacionalidad española, y respeto por los derechos humanos; habilitación de un canal humanitario para hacer llegar ayuda a la población que más sufre, y convocatoria de elecciones según un calendario acordado, bajo sufragio universal, libre, directo y secreto, de manera que se devuelva la palabra al pueblo venezolano".
El secretario de Estado, a quien acompañaba el director general para Iberoamérica, también reiteró al embajador de Venezuela "la preocupación de las autoridades españolas por los atrasos en los pagos de las pensiones que corresponde abonar por las autoridades de Seguridad Social de Venezuela a pensionistas residentes en España".