El Parlamento pide sanciones para los partidos, sus contratistas y sus donantes que no cumplan la Ley de Financiación

Las formaciones políticas deberán revisar las condiciones de su deuda, registrar los cambios y acreditar las regularizaciones

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Parlamento pidió hoy que se establezca un régimen sancionador que, en caso de vulneración de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, penalice a las formaciones políticas y también a los contratistas que trabajan con ellas y los donantes particulares que las financien.

Al analizar el informe de la institución fiscalizadora sobre las elecciones municipales de 2007, la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas considera que debe establecerse un "adecuado régimen sancionador que, por su cuantía, penalice y disuada la utilización de actuaciones fraudulentas en los procesos electorales locales".

En cuanto a los partidos políticos, el Parlamento pidió que, en caso de recibir aportaciones de personas físicas por encima del límite establecido en la ley, se imponga una reducción de la subvención electoral "no inferior a 10 veces la cantidad excedida". También proponen que, si un partido utiliza recursos que no han sido fehacientemente acreditados o acomete gastos no autorizados, debe reducírsele la subvención al menos por esa misma cuantía no justificada, más una penalización por igual cantidad.

Pero también hay castigo para los proveedores de los partidos que no faciliten la información de sus contratos al Tribunal de Cuentas. Por un lado se pide inhabilitar a esas empresas para contratar con la Administración y por otro se reclama un régimen sancionador específico para quien además facilite información fraudulenta.

Por último, el Parlamento apunta también a los donantes de los partidos políticos y piden sanciones para aquellas personas físicas que no declaren sus aportaciones a las distintas formaciones.

Asimismo, las Cortes solicitan que se justifiquen los gastos por operaciones ordinarias contraídas por importes superiores a 100 euros mediante documentos que reúnan los requisitos exigidos por las normas mercantiles y tributarias, al objeto de garantizar la transparencia del proceso electoral en las diferentes circunscripciones.

REGULAR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS

También las Cortes aprobaron una resolución al mismo informe del Tribunal de Cuentas en el que también se plantea que se regulen las consecuencias jurídicas a las que tendrán que hacer frente las formaciones que no rindan cuentas de su participación electoral, así como que se articulen mecanismos de "formación, información y flexibilización" para que aquellas de ámbito local remitan al órgano fiscalizador toda la información necesaria.

Paralelamente, las Cortes reclaman una modificación de los requisitos fijados para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar el gasto electoral provincial y local "complementario" de las formaciones o agrupaciones de electores con baja implantación territorial.

Por otro lado, la Comisión Mixta debatió y votó las propuestas relativas al último informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad ordinaria de los partidos, referido al ejercicio 2005.

REVISIÓN DE LAS DEUDAS

Las Cortes instaron a las formaciones políticas a que revisen las condiciones de las deudas contraídas con las entidades de crédito, ya vencidas, pero pendientes de pago, y a que registren en sus estados financieros las obligaciones que pudieran derivarse de dichas operaciones.

En este sentido, también se pidió a los partidos que acrediten suficientemente las regularizaciones de deuda que pudieran producirse con acreedores, justificando las razones de dicha regularización.

Las Cortes solicitaron además que se establezca un procedimiento de justificación integrado para un adecuado control de la dotación económica asignada a los grupos políticos, respetando las competencias atribuidas a cada una de las administraciones.

Asimismo, el Parlamento demandó que el Tribunal de Cuentas, tal y como prevé la Ley de Financiación de Partidos, presente, previa consulta con las formaciones políticas del arco parlamentario, un Plan específico de cuentas.

De la misma manera, las Cortes instan al Tribunal a que prosiga su control sobre las formaciones políticas que únicamente tengan representación local, así como sobre las sedes locales de las formaciones políticas de mayor implantación.