El PSOE propone sanciones para los partidos, sus contratistas y sus donantes que no cumplan la Ley de Financiación

CiU quiere que el Tribunal de Cuentas prepare un plan específico de contabilidad para los partidos políticos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El PSOE quiere que se establezca un régimen sancionador que, en caso de vulneración de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, penalice a las formaciones políticas y también a los contratistas que trabajan con ellas y los donantes particulares que las financien.

La iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, se recoge en una de las propuestas de resolución que el PSOE defenderá mañana en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Al analizar el informe de la institución fiscalizadora sobre las elecciones municipales de 2007, los socialistas consideran que debe establecerse un "adecuado régimen sancionador que, por su cuantía, penalice y disuada la utilización de actuaciones fraudulentas en los procesos electorales locales".

En cuanto a los partidos políticos, quieren que, en caso de recibir aportaciones de personas físicas por encima del límite establecido en la ley, se imponga una reducción de la subvención electoral "no inferior a 10 veces la cantidad excedida". También proponen que, si un partido utiliza recursos que no han sido fehacientemente acreditados o acomete gastos no autorizados, debe reducírsele la subvención al menos por esa misma cuantía no justificada, más una penalización por igual cantidad.

Pero también hay castigo para los proveedores de los partidos que no faciliten la información de sus contratos al Tribunal de Cuentas. Por un lado se propone inhabilitar a esas empresas para contratar con la Administración y por otro se reclama un régimen sancionador específico para quien además facilite información fraudulenta.

Por último, los socialistas apuntan también a los donantes de los partidos políticos y piden sanciones para aquellas personas físicas que no declaren sus aportaciones a las distintas formaciones.

REGULAR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS

También CiU ha presentado una resolución al mismo informe del Tribunal de Cuentas en el que también plantea que se regulen las consecuencias jurídicas a las que tendrán que hacer frente las formaciones que no rindan cuentas de su participación electoral, así como que se articulen mecanismos de "formación, información y flexibilización" para que aquellas de ámbito local remitan al órgano fiscalizador toda la información necesaria.

Paralelamente, los nacionalistas catalanes quieren que la normativa electoral contemple los nuevos mecanismos y soportes vinculados a las tecnologías de la información y reclama una modificación de los requisitos fijados para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar el gasto electoral provincial y local "complementario" de las formaciones o agrupaciones de electores con baja implantación territorial.

Asimismo, solicitan que se elimine la "incertidumbre" que supone para los partidos el hecho de que la subvención para el envío de 'mailing' electoral se supedite a los resultados que obtendrá después en los comicios (hoy sólo se dan ayudas si se obtiene representación parlamentaria y se supera un porcentaje mínimo de votos). En concreto, CiU se queja de que este mecanismo les impide "prever el importe total resultante del gasto electoral sujeto al límite máximo".

Por otro lado, la Comisión Mixta debatirá y votará mañana las propuestas relativas al último informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad ordinaria de los partidos, referido al ejercicio 2005.

SUBVENCIONES PARA SEGURIDAD

En este punto, el PSOE pide al Gobierno una normativa específica para mejorar los aspectos contables de la subvención que se concede a los partidos políticos en concepto de gastos de seguridad. También CiU quiere que el Gobierno establezca "criterios concretos y específicos" para la atribución de la subvención en concepto de seguridad, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad jurídica y facilitar su fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.

En su paquete de propuestas al informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos con representación parlamentaria, CiU demanda que el Tribunal de Cuentas, tal y como prevé la Ley de Financiación de Partidos, presente, previa consulta con las formaciones políticas del arco parlamentario, un Plan específico de cuentas.

De la misma manera, persiguen que se aplique un procedimiento de justificación en aras de un "adecuado control" de la dotación económica asignada a los grupos políticos, y que se establezcan mecanismos adecuados que permitan la rendición de la información necesaria, atendiendo a las particularidades y dificultades organizativas de las formaciones políticas en los ámbitos territorial y local. Todo ello con respeto a las competencias de cada administración y con financiación suficiente.

Igualmente, el PSOE plantea la conveniencia de que el Gobierno redacte una regulación precisa sobre las ayudas que las Corporaciones Locales otorgan a los grupos políticos municipales, que han sido cuestionadas por el Tribunal de Cuentas.