González dice que la suspensión de militancia de imputados "podría cambiar" con un pronunciamiento judicial

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, aseguró hoy que la suspensión de militancia del PP de los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', "podría cambiar" en el momento en que se produjera un pronunciamiento judicial, al tiempo que manifestó que la entrega de su acta como parlamentarios depende exclusivamente de ellos.

"Estamos ante un proceso judicial aún abierto y lo que hay es una suspensión temporal y en ese momento, cuando esto se resuelva judicial y definitivamente, podrían cambiar las circunstancias en este sentido, pero en este momento estamos en esta situación", afirmó González en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Al ser preguntado por si la suspensión de militancia debería llevar aparejada la entrega del acta, el portavoz regional mantuvo que si se aplicara esto se debería empezar "por los miembros de otros partidos que llevan imputados mucho tiempo y que tienen responsabilidades de Gobierno en ayuntamientos y otras instituciones o que se sientan en parlamentos autonómicos de algunas comunidades autonómicas", como la de Madrid.

Desde el Gobierno regional recordaron que algunas de las personas que se encuentran en esta situación son el alcalde socialista de Pinto, Juan José Martín o el ex alcalde de Leganés José Luis Pérez Raez.

DESPRENDERSE DEL ACTA, DECISIÓN PERSONAL

El 'número dos' del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre insistió en que la decisión de desprenderse del acta de diputados corresponde a los propios parlamentarios, dado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo establece. "Las actas de representatividad son personales y la decisión final le corresponde a la persona que ha sido elegida y eso lo dice una vieja sentencia acuñada por el Constitucional", precisó.

Además, explicó que la suspensión de militancia de los tres diputados es consecuencia de que se han visto afectados por una investigación judicial abierta en la que, dijo, "desgraciadamente tienen una situación de indefensión absoluta" porque no se sabe los delitos que se les imputan.

Así, mantuvo que los miembros del PP han asistido en los últimos meses "a un juicio público que se ha hecho en los medios de comunicación a través de las filtraciones que ha ido produciendo la Audiencia Nacional".

"Es más, a día de la fecha seguimos sin conocer cuáles son los hechos que se les imputan. No se ha levantado el secreto de sumario y nadie conoce exactamente los delitos concretos que se les imputan y los hechos concretos que estén acreditados en el sumario", sostuvo.

González destacó que con este proceso se ha convertido una garantía procesal en un juicio público y, en este sentido, aclaró que el sistema judicial establece que para que una persona se pueda defender ante la justicia existe la figura de imputado, que supone ir a declarar con abogado.

"Se está dando la paradoja de que algo que es para aumentar la garantías procedimentales de las personas que se ven afectadas en un juicio, se está convirtiendo en una condena pública por parte de los medios de comunicación o de la sociedad en general", dijo, al tiempo que apuntó que con esta actuación se está haciendo "un flaco favor al funcionamiento de la Justicia".

FIANZA DE MARTÍN VASCO

Al ser preguntado por si conocía si Martín Vasco ha pedido al PP que pague la fianza impuesta por el juez Antonio Pedreira que instruye la causa en el TSJM, González aseveró que desconoce el asunto y dijo que esta cuestión habría que planteársela a los responsables directos del partido.

"Desconozco el asunto. No me consta que haya pedido nada al partido, no lo sé si lo ha hecho o no, tendrían que preguntar a los responsables directos del partido para saber si se ha dirigido a ellos en este sentido. A mi personalmente no me consta, pero tampoco tendría por qué saberlo yo, que soy presidente del Comité Electoral", puntualizó.

El vicepresidente también quiso dejar claro que el Gobierno regional asumió su responsabilidad en el momento en que se conoció que algunos de sus miembros podrían estar implicados en la 'Operación Gürtel', cesando a las personas afectadas.

Finalmente dijo que lo que no se puede negar es la presunción de inocencia y, en este sentido, indicó que si los tribunales condenan, caerá sobre la persona afectada la responsabilidad penal que le corresponda. "Si no, habrá que reconocer que esa persona es honorable", sentenció.