Según han indicado desde el área en un comunicado, esta práctica fue descubierta por el Consell de Ibiza después de una denuncia anónima y el expediente fue enviado a esta Dirección General a finales del pasado mes de julio.
La información facilitada por el Consell senañaba que la vivienda protegida se comercializaba a través del portal de internet Airbnb ofreciendo diversos servicios complementarios. Además, de acuerdo con la información que consta en el expediente, la persona que alquilaba esta vivienda lo había hecho en numerosas ocasiones.
En base a la legislación vigente, la persona que ha alquilado su vivienda protegida puede enfrentarse a sanciones que pueden llegar hasta 3.000 euros cada vez que el piso haya sido alquilado a turistas.
Las sanciones que pueden imponerse al inquilino de la vivienda pública por parte de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y del Consell no son incompatibles, ya que tienen un carácter diferenciado y motivos bien delimitados.
Concretamente, en el primer caso, la penalización sería por alquilar una vivienda pública y, en el segundo, por tener un destino turístico.
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