Una iniciativa, ha apuntado, que "va a permitir cobrar según renta" e "introducir el criterio de consumo". "Queremos garantizar los recursos básicos para todas las personas pero también un consumo razonable", ha continuado.
A esta iniciativa, el concejal une la rehabilitación con criterios 'Passive House' dirigidos a la eficiencia energética, que se unirían a las ayudas ya existentes de los servicios sociales. Asimismo, ha abogado por que "el Gobierno del PP vuelva a facilitar el autoconsumo", lo que serviría como "herramienta del Ayuntamiento y la ciudadanía contra la pobreza energética".
Así se ha pronunciado el edil en una rueda de prensa en la que, junto con el responsable del Servicio de Energía Verde del Ayuntamiento, Joël Dozzi, ha presentado el 'Estudio exploratorio para establecer las bases de un análisis sistemático de la pobreza energética urbana en Pamplona' realizado por los sociólogos de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la Universidad Pública de Navarra, Laureano Martínez Sordoni y Ion Martínez Lorea. El presupuesto ha sido de 5.800 euros.
Un estudio cuyo objetivo ha sido "redefinir los perfiles de riesgo" para "ayudar a orientar y configurar tanto la política energética general del Ayuntamiento como la política relativa a la pobreza energética", ha explicado Cuenca. Dos conceptos que "van de la mano" y sobre los que "habría que actuar de manera integral", ha incidido.
"Hasta ahora hemos entendido que de la pobreza energética se tenía que encargar los servicios sociales" que, sin embargo, "intervienen al final del proceso cuando una persona se encuentra ya en una situación de vulnerabilidad alta", ha destacado el concejal. Un criterio que "dejan fuera a un montón de gente que no se encuentra en riesgo de exclusión social de manera directa pero que sí que está sufriendo pobreza energética en su casa", ha considerado.
29.000 AFECTADOS POR LA POBREZA ENERGÉTICA EN PAMPLONA
El estudio del Ayuntamiento de Pamplona refleja como causas potenciales de afección de la pobreza energética los ingresos en el hogar, las condiciones de la vivienda, el desconocimiento del lenguaje energético, la dificultad de administrar los recursos del hogar así como el precio de los suministros y la falta de transparencia del mercado energético.
Los datos recabados servirán para establecer las bases que permitan llevar a cabo un análisis sistemático de esa pobreza energética en los distintos barrios de la ciudad. Aunque este estudio no entra aún a evaluar cifras concretas de afección, trabajos anteriores de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la UPNA, apuntan a que esta problemática afecta a unas 96.000 personas en Navarra, de las que 29.000 residirían en Pamplona.
El informe concluye que la pobreza energética "es un problema transversal que afecta a diferentes perfiles sociales". Afecta a personas con bajos ingresos, cuyos hogares tienen problemas de eficiencia energética con circunstancias (menores a cargo o situaciones de dependencia) en las que hay una necesidad de hacer uso de los suministros más allá de lo que permiten sus ingresos. También afecta a personas mayores que, además de por factores económicos, se pueden encontrar en esa situación por no solicitar ayudas o "por desconocimiento y resignación".
Otro perfil afectado es el de los hogares en los que habitan menores, particularmente si son monoparentales. Por último, se menciona el perfil de jóvenes que se han emancipado, bien en pareja bien individualmente, que proceden de un nivel socioeconómico medio o medio-bajo y tienen dificultades para hacer frente a todos los gastos.
LA CIFRA DE AYUDAS "NO PERMITEN MEDIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO"
Desde el punto de vista cuantitativo el estudio se ha centrado en analizar si los datos existentes tanto de rehabilitación de viviendas como de ayudas municipales de emergencia por el pago de suministros energéticos bastan para completar el análisis. La conclusión es que "dan una indicación, pero no permiten medir la totalidad del riesgo de la pobreza energética en la ciudad".
Según han destacado los comparecientes, las entrevistas en profundidad demuestran que proporcionalmente "hay muchas más personas que aguantan condiciones de vida difíciles energéticamente, que las que reciben ayudas".
Así, el año pasado se concedieron 2.258 ayudas económicas a familias en situación de emergencia social con una cuantía total de 649.160 euros. De ellas, 232, un 5,9%, tiene como concepto principal la energía y repartieron 38.137 euros. En términos absolutos la mayor cantidad de ayudas a la categoría de energía se otorgaron en Rochapea (50), Echabacoiz (28) y Chantrea (26).
COORDINACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN A AFECTADOS
Finalmente, el estudio recoge ocho recomendaciones que contienen dos tipos de acciones. Por una parte, se desglosan recomendaciones dirigidas a la producción o sistematización de la información sobre la pobreza energética y, por otra, se recogen medidas que permitan resolver o mejorar la situación de personas y hogares que padecen esta problemática.
En cuanto a la información sobre pobreza energética, se recomienda establecer mecanismos de coordinación entre las áreas de la administración, tanto local como regional, más estrechamente vinculadas a los fenómenos que afectan a la pobreza energética, para así sistematizar esos datos y coordinar las medidas que se ofrecen para lograr una intervención más eficaz. En segundo lugar, el área de Ecología Urbana y Movilidad solicitará a los Servicios Sociales con cierta periodicidad la información recogida sobre las ayudas extraordinarias y las ayudas de emergencia.
La tercera y cuarta recomendaciones tienen que ver con las empresas suministradoras, a las que se pedirá con cierta periodicidad que remitan informes sobre operativas de paralización de cortes y sobre cortes efectivamente realizados, así como información sobre si los hogares que se acogen a los convenios de paralización de cortes de suministros cuentan con el Bono Social Eléctrico.
Al respecto de las medidas para resolver la situación de la pobreza energética, se apela sobre todo al asesoramiento, formación e información a las personas afectadas y en facilitar la tramitación de ayudas. La quinta recomendación señala que, a partir de los casos identificados por los servicios sociales, se les ofrezca asesoramiento e información sobre posibles acciones o ayudas. En sexto lugar, se recomienda organizar conjuntamente con las asociaciones del tercer sector acciones de formación e información en materia de derechos de los consumidores, ahorro y eficiencia energética.
Las dos últimas recomendaciones apuntan a facilitar la tramitación de medidas, ayudas o bonificaciones existentes en el caso de sectores vulnerables; y a conocer en detalle la situación de la ciudadanía afectada por pobreza o vulnerabilidad energética a través de modelos de encuestas.
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