La Junta subvencionará a los ayuntamientos la redacción y revisión de sus Planes Municipales de Vivienda

La Consejería de Fomento y Vivienda subvencionará a los ayuntamientos de Granada la elaboración, revisión y adaptación de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo al actual Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, gracias al convenio de colaboración firmado entre el consejero Felipe López y el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena.

Este apoyo económico, según ha indicado el Gobierno andaluz en un comunicado, se articula a través de una orden de ayudas en concurrencia no competitiva, dotada con una cuantía de 1,9 millones de euros para toda la comunidad, publicadas en abril en el Boletín Oficina de la Junta de Andalucía (BOJA).

López ha destacado que con este convenio se demuestra que las políticas de viviendas deben ser "una responsabilidad compartida entre todas los administraciones", al tiempo que ha subrayado la necesidad de impulsar actuaciones de forma "consensuada y coordinada" con las diputaciones, como es el caso del convenio suscrito este jueves.

Ha explicado además que los Planes Municipales de Vivienda y Suelo son un "instrumento valioso para hacer una radiografía sobre la situación de la vivienda en cada municipio", de ahí que haya considerado necesario que los consistorios se doten de esta herramienta para recoger las necesidades que existen en su localidad, conocida gracias a los registros municipales de demandantes de VPO; y para detallar la oferta que se debe impulsar en la localidad, con el fin de responder a las necesidades detectadas. En Granada lo tienen aprobado la capital y Marchal.

Desde la publicación en BOJA de la orden de ayudas, López ha anunciado que han sido un total de 31 los ayuntamientos que han presentado su solicitud, entre los que se encuentran nueve de la provincia granadina --Ogíjares, Salar, Loja, Las Gabias, Cádiar, Puebla de Don Fadrique, Fuente Vaqueros, Peligros y Baza--.

De acuerdo con el convenio, la Consejería deberá estudiar e informar los planes municipales redactados por los municipios antes de su aprobación para evaluar su adecuación a la normativa aplicable y también ofrecerá asesoramiento en el proceso de formulación de los documentos sobre la adecuación a la Ley del Derecho a la Vivienda.

Asimismo, informará sobre las actuaciones autonómicas desarrolladas en las localidades en materia de vivienda y sobre los proyectos de investigación que en este ámbito puedan resultar de interés. De igual modo, impartirá formación al personal técnico de la Diputación y de los ayuntamientos interesados para la redacción de los planes.

Serán beneficiarios tanto los ayuntamientos andaluces como las diputaciones provinciales, en el caso de que éstas convenien la elaboración de estos planes. Hasta el momento, ya han firmado el convenio, además de Granada, Jaén y Córdoba.

La cuantía de las ayudas oscila entre los 1.000 euros para los municipios de hasta 10.000 habitantes, los 5.000 euros para las localidades con una población que oscila entre los 10.000 y 20.000 habitantes, y los 12.000 euros para municipios superiores a los 20.000 habitantes.

CONTENIDO DE LOS PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA

Estos planes deberán contener un análisis socio-demográfico general a partir de los datos estadísticos básicos y un análisis de la necesidad de vivienda de la población, teniendo en cuenta, entre otros, los datos de los registros municipales de VPO, con un apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, así como sobre la situación en materia de desahucios.

Igualmente, tendrán que incluir una descripción de la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque residencial existente en el municipio, haciendo alusión a su grado de obsolescencia; así como de las viviendas vacías o en desuso existentes. Reflejará también las situaciones de infravivienda.

Por otro lado, tendrá una relación de los recursos del patrimonio municipal de suelo y de los inmuebles titularidad del Ayuntamiento, de los terrenos o edificaciones que se encuentren inscritos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Una vez analizados estos datos, el plan contendrá una programación temporal de las actuaciones y disponibilidad del suelo necesario para atender a la demanda tanto de vivienda como de rehabilitación y una evaluación económica-financiera.

REHABILITA 2016

También en materia de vivienda, López ha recordado que en la provincia de Granada ha culminado la tramitación de la convocatoria de 2016 de ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales, con la concesión de 349.113 euros a 227 familias residentes en 13 comunidades de vecinos de cinco municipios de la provincia. Una vez finalizado este proceso, los destinatarios podrán comenzar las obras y recibir los incentivos próximamente.

Estas ayudas aprobadas en Granada suponen la ejecución de obras por importe de 709.781 euros y permiten a las familias perceptoras acometer la mejora y rehabilitación de sus edificios y hacer más dignas sus condiciones de vida.

Los municipios que se benefician de estos incentivos son la capital, con 32 familias y un importe de 109.608 euros; Almuñécar, con 88 unidades familiares y 104.759 euros; Motril, con 76 familias y 50.980 euros; Baza, con 22 y 52.789 euros; y Maracena, con nueve y 30.975 euros.

ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA

El consejero ha sumado a esta línea de ayudas, la publicación este miércoles en BOJA de la orden por la que se concederán tres millones de euros en ayudas a familias andaluzas mayores de 65 años o con algún miembro con discapacidad y movilidad reducida con el fin de que puedan acondicionar sus viviendas para adaptarlas a sus necesidades.

La Junta estima que se podrán otorgar en torno a 2.150 subvenciones, que se concederán a través del Programa de Adecuación Funcional Básica, una línea de ayudas a la rehabilitación recogida en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en vigor hasta 2020.

La subvención concedida a través de este programa ascenderá a un máximo de 2.000 euros por solicitante, de los que 1.400 euros se destinarán a la ejecución material de los trabajos y los 600 euros restantes a sufragar los honorarios de la asistencia técnica si se requieren.

Esos incentivos posibilitarán la adaptación del interior de las viviendas o la mejora de seguridad de algunos elementos de la vivienda habitual y permanente de este colectivo.

La supresión de barreras arquitectónicas, como la adecuación del ancho de las puertas; la mejora de la seguridad de la instalación eléctrica o de gas, la instalación de suelo antideslizante y de asideros en los baños, así como la sustitución de bañeras por platos de duchas o la colocación de pasamanos en los pasillos son algunas de las obras cubiertas.