Medio Rural también ordena ahora paralizar de forma cautelar la tala de árboles en Loredo

La decisión del departamento que dirige el regionalista Jesús Oria se ha comunicado este miércoles, a través de una nota, y después de las declaraciones del consejero en una rueda de prensa en la que, preguntado por el tema, ha señalado que los servicios técnicos estaban estudiando "a fondo" la documentación relacionada con este caso aunque, en principio, Medio Rural no tendría competencias, al tratarse de parcelas "urbanas", según figuraría en catastro.

Sin embargo, la Dirección del Medio Natural ha ordenado la paralización cautelar de la tala, que se mantendrá hasta que se resuelvan las "discrepancias" detectadas en la clasificación urbanística de las cuatro parcelas particulares afectadas ubicadas en las proximidades de la playa de Loredo.

En concreto, se ha ordenado el cese de "todas las actuaciones de corta, apeo y saca de arbolado" que se están llevando a cabo en las citadas parcelas.

El director general, Antonio Lucio, ha adoptado esta medida al detectarse "discrepancias" en la clasificación urbanística de esas parcelas según las diferentes fuentes cartográficas disponibles.

La paralización se mantendrá hasta que se resuelvan las citadas "discrepancias" y se verifique si existen otros condicionantes legales sobre las parcelas afectadas, a partir de lo cual "se dictará la resolución que corresponda en base a la mejor información disponible", añade el comunicado.

La orden de Medio Rural se suma a la que dio el lunes la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por la socialista Eva Díaz Tezanos, que ordenó a la Dirección General de Urbanismo que abriera de manera inmediata un expediente y se procediera a la paralización cautelar de una tala de árboles ante la posibilidad de que esté afectando a una zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas.

La Dirección General de Urbanismo, que dirige Francisco González Buendía, tenía preparada toda la documentación necesaria y el expediente para proceder a esa paralización, y estaba a la espera de que recibiera el informe-denuncia preceptivo de la Demarcación de Costas del Estado ese mismo lunes.

Esta medida se tomó a la vista de las denuncias trasladadas por ciudadanos al Ejecutivo regional y una vez consultado al propio Ayuntamiento al que le consta, según la información que le ha trasladado la Policía Local, que "podría estar efectuándose alguna corta dentro de la servidumbre de la protección de la Ley de Costas", es decir, 100 metros hacia el interior desde la línea del deslinde marítimo-terrestre, sin autorización de la CROTU, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, como exige la Ley 2/2001, de 25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.