El juzgado del 'caso PGOU' reconoce que las defensas no han recibido toda la causa y pospone sus calificaciones

La decisión de Instrucción 1, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, atiende el recurso del arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, al que se sumó el resto de las defensas--el único que no ha recurrido es el letrado del expresidente del Baloncesto Valladolid, José Luis Mayordomo--, por entender que en el dispositivo USB remitido a las partes se observan claras omisiones y errores.

Así, se deja sin efecto una diligencia de ordenación, de fecha 1 de junio, del secretario de Instrucción 1--ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia--que emplazaba a los defensores a calificar y, a través del presente decreto, se establece que dicho plazo de treinta días empezará a correr a partir del momento en que se facilite toda la documentación completa. De esta forma, en el supuesto de que el trámite quedara subsanado este mes de julio, las calificaciones se demorarían al mes de septiembre, dado que agosto es un mes inhábil.

Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que se eleva a treinta y dos años de prisión para trece personas, entre exconcejales, técnicos, arquitectos y empresarios, por su presunta implicación en la alteración del PGOU, principal herramienta de planeamiento urbano de la capital.

A los imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito de calificación provisional, la acusación solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Incluye también en el listado de imputados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

La acusación popular en esta causa, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ya presentó también su escrito de calificación en la que las penas más elevadas las solicitó igualmente para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, a quienes pide penas de cuatro años.