Estas son las principales conclusiones que se desprenden del estudio 'El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social', presentado este miércoles por Greenpeace.
En cuanto a la mejora en los datos del empleo, la responsable de nucleares de la organización, Raquel Montón, ha indicado que los dos sectores más beneficiados son el comercio y la hostelería, que aglutina la mayor parte de los impactos inducidos y las actividades financieras, profesionales y científicas, que concentran una parte muy significativa del impacto directo de las inversiones.
Sobre el proceso, Montón ha detallado que las inversiones vinculadas al desmantelamiento de las centrales nucleares son públicas, y se realizan con dinero ya recaudado. Estas inversiones (unos 4.198 millones de euros) representan el 19 por ciento de las inversiones totales. Si el almacenamiento temporal de los residuos es mediante ATIs se añaden 370 millones de euros, y si es mediante ATC son 1.232 millones de euros, lo que significa un 2 y un 5 por ciento, respectivamente, de la inversión total.
Respecto de la financiación, a pesar de que el parque nuclear en España ya ha alcanzado el 84 por ciento de la vida útil, las ayudas disponibles ni siquiera alcanzan el 30 por ciento del total que se va a requerir, según ha denunciado la experta.
SE NECESITA UNA PLANIFICACIÓN DE LOS CIERRES
Por ello, consideran "imprescindible" el establecimiento de un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento que desarrolle un marco legal adecuado y, sobre todo, de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes.
Además, señalan que para asegurar que el coste no se traslada a la ciudadanía y se asegure el principio de justicia intergeneracional y no se deje a generaciones futuras es necesario provisionar los fondos necesarios durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares.
Sobre esta situación, Greenpeace denuncia que las empresas dueñas de las centrales no tienen preparado esa cuantía necesaria para tener cubierto el cierre, a pesar de que sus beneficios son de más de 72.000 millones de euros.
"Podría tratarse de una situación similar a la del rescate bancario, porque las eléctricas se han dedicado a invertir sus beneficios y no aguardarlos para la llegada del cierre, por lo que no podrán afrontarlo económicamente", denuncian desde la organización. En este sentido, señalan a la falta de control sobre el tema de los diferentes gobiernos que han ido pasando a lo largo de los años.
NO MÁS LICENCIAS E INVERSIÓN EN LOS ENTORNOS
Con esto, la organización ecologista propone no conceder ninguna licencia de explotación más a los reactores nucleares operativos en España una vez concluya el periodo de validez, y elaborar ese nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos que gestione los residuos producidos hasta la finalización de las licencias de explotación en vigor.
Entre sus propuestas, también está planificar, comunicar e invertir en revitalizar las comarcas que, hasta ahora, eran dependientes de las nucleares por su emplazamiento. Montón ha explicado que existen unos 20 años "de colchón" en la que el propio desmantelamiento de la central y la colocación de renovables supone trabajo para el entorno. Sin embargo, advierte de que "si no se revitalizan las comarcas, tras los 20 años habrá un gran bajón".
"Es imprescindible que la financiación del desmantelamiento nuclear y la gestión de residuos radiactivos no recaiga en los ciudadanos del futuro sino en las compañías que han obtenido los beneficios", ha insistido la responsable de nucleares de Greenpeace. A su juicio, "aún hay tiempo de hacer las cosas bien".
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