"A la salud y a la seguridad de las personas, no se les puede poner precio", ha afirmado la entidad en un comunicado sobre el impuesto por riesgo medioambiental de producción, manipulación, transporte, custodia y emisión de elementos tóxicos.
Ha sostenido que, aunque no tiene competencias, el Govern debe definirse claramente sobre la actividad de las centrales nucleares en el territorio porque el riesgo de accidente "crece a medida que estas instalaciones envejecen".
Ha avisado de que la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (Anav), que es la empresa que gestiona las centrales catalanas, es la que acumula el número más alto de incidencias en sus instalaciones de toda España.
Los ecologistas han rechazado el gravamen por no estar vinculado a la no renovación de permisos de las centrales de Ascó y Vandellòs (Tarragona), que finalizan en 2020 y 2021.
"El Govern catalán debería de comprometerse a hacerlo tanto en el caso de que se le delegaran las competencias en materia nuclear el Gobierno central, como en el caso de obtener la independencia", ha manifestado la organización.
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