Zuma ha sido acusado desde hace más de una década de estar involucrado en casos de corrupción, si bien no ha sido condenado y siempre ha rechazado haber cometido algún delito.
"El informe fue realizado de una forma rara, totalmente injusta", ha dicho, resaltando que "le hubiera gustado que el trabajo se hubiera realizado de forma adecuada", según ha informado el diario local 'News24'.
Así, ha lamentado que no tuvo tiempo suficiente para responder a las preguntas planteadas por la Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo-- Thuli Madonsela, responsable del informe.
Zuma ha descartado además la recomendación de Madonsela de que creara una comisión judicial de investigación en el plazo de 30 días, poniendo la autoridades de la Defensora Pública para hacer dicha petición.
Según la recomendación de Madonsela, la comisión estaría financiada por el Tesoro y tendría los mismos poderes que el Defensor Público, contando con 180 días para completar su investigación y presentar un informe de conclusiones y recomendaciones.
Tras ello, Zuma tendría catorce días para comparecer ante el Parlamento y anunciar cómo va a proceder para responder a las conclusiones del mismo.
Asimismo, Madonsela dio al Parlamento 180 días para revisar el Acta de Ética de Miembros Ejecutivos para hacer frente a los conflictos de intereses, reclamando a la Presidencia que actualice este código.
LA FAMILIA GUPTA
El documento, publicado después de que Zuma retirara un recurso para aplazar su salida a la luz, acusa al presidente de mantener unas relaciones poco adecuadas con la familia Gupta.
Los críticos han denunciado en numerosas ocasiones el peso de los Gupta --una acaudalada familia de empresarios indios con intereses en la minería y los medios de comunicación-- en el Gobierno.
El documento, de 355 páginas y titulado 'Estado de Captura', desvela numerosas situaciones en las que Zuma y miembros de su Ejecutivo actuaron de forma cuestionable, a menudo para beneficiar a los Gupta.
Entre los implicados estarían la ministra de Empresas Públicas, Lynne Brown; el ministro de Minerales y Recursos, Mosebenzi Zwane; el exministro de Finanzas Des van Rooyen y el jefe de la junta de Eskom, Ben Ngubane.
El informe incluye entre sus conclusiones un intento de la familia Gupta de sobornar al viceministro de Finanzas Mcebisi Jonas, quien aseguró en marzo que los Gupta le ofrecieron ser titular de la cartera.
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