PP apuesta por cumplir los convenios con Afer "adaptándolos a la legalidad" si el proyecto es "viable"

Advierte que la Diputación puede enfrentarse a "un maremágnum de demandas" y pide que aclare "cuántos millones nos jugamos"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en las Juntas Generales de Bizkaia, Carlos Olazábal, reclamó hoy a la Diputación de Bizkaia que aclare "cuántos millones nos estamos jugando" en el denominado 'Caso Afer' y apostó por cumplir los convenios suscritos "adaptándolos a la legalidad" en caso de que el proyecto Habidite sea "técnica y económicamente viable". En el supuesto contrario, pidió que se explique "por qué" se firmaron.

Olazábal y la juntera del PP Nerea Llanos ofrecieron una rueda de prensa en Bilbao con motivo de la comparecencia mañana en Juntas las Juntas Generales del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, en relación al 'Caso Afer', acompañado por los diputados de Acción Social, Cultura, Medio Ambiente y Urbanismo, áreas afectadas por proyectos adjudicados al grupo constructor.

Según explicaron, el Partido Popular "se reserva" las decisiones que adoptará hasta conocer "las explicaciones" que se aporten en esta comparecencia, en la que se debería señalar "de forma clara y transparente" si el proyecto Habidite es "técnica y económicamente viable".

En caso de que lo sea, a su entender, la Diputación vizcaína debería cumplir los convenios suscritos "adaptándolos a la legalidad". Si no lo es, José Luis Bilbao debería explicar, según insistió, "por qué y en base a qué" se suscribieron.

Olazábal reclamó que el diputado general de Bizkaia debe informar en su comparecencia "no en base a opiniones", sino a "informes solventes" porque la Diputación "se juega simplemente con el contrato de compraventa de pisos una demanda de 250 millones de euros". Por tanto, advirtió de que si la Diputación no va a cumplir esos convenios debe ser sobre una base "absolutamente sólida".

Asimismo, señaló que, en la comparecencia de mañana, los responsables forales deben aclarar el motivo de los retrasos registrados "en cuatro obras con la misma empresa", sin que "aquí se haya enterado nadie".

En este sentido, demandó "respuestas claras y concretas" sobre a cuánto asciende "el desacuerdo" entre la Diputación y el contratista para poder evaluar "cuánto nos va a costar volver a sacar a concurso" y cuánto se demorarán las obras, así como "cuál es el riesgo económico de las demandas económicas que pueda haber por rescindir unilateralmente los contratos".

"¿Cuántos millones de euros nos estamos jugando?", cuestionó Olazábal, que advirtió que la Diputación se enfrenta a "un maremágnum de demandas civiles" y recordó que "las herencias judiciales se pagan con impuestos" de los ciudadanos.

"EL CAMINO DE LA JUDICIALIZACIÓN"

El portavoz juntero destacó que "se ha pasado de hablar de generar 1.000 ó 2.000 puestos de trabajo a una disputa en la que puede tener gravísimas consecuencias para un grupo empresarial, para su empleo y para obras emblemáticas en Bizkaia". "Están jugando a romper la cristalería, y detrás hay trabajadores, proveedores y clientes", advirtió.

Por ello, apeló a actuar "con sentido común" e insistió en que "la labor de la Diputación, y más en estos tiempos difíciles, es colaborar para mantener más que nunca la solvencia y la continuidad de las empresas vizcaínas" y apoyar "las empresas con dificultades que tienen viabilidad" para mantener el tejido productivo y el empleo.

"Nuestra obligación, aunque no nos guste el empresario, es apoyar los proyectos solventes", reiteró Olazábal, que indicó que, si bien su grupo considera los convenios suscritos entre la Diputación y Afer "incorrectos y contrarios a la legalidad", estima que "se pueden adaptar a la legalidad y subsanar los errores".

En esta línea, apostó por, en caso de que el proyecto sea "técnicamente viable", que la Diputación debería buscar "las formas de encauzar sus intereses con las necesidades del grupo Afer" ya que "las relaciones personales no pueden condicionar la actuación de la Diputación".

Asimismo, censuró que el diputado general de Bizkaia "ha seguido muchas veces el camino de la judicialización para resolver conflictos con terceros", como según recordó sucedió en el caso Azpiegitura, el "pleito eterno" de la relación de puestos de trabajo foral o "la discrepancia" sobre la financiación de la A-8.

"Hoy es posible encauzar las cosas siempre que sean técnicamente viables", subrayó, alertando de que la Diputación puede verse ante "un verdadero embolado judicial que se resolverá en años".

En este contexto, reclamó a los responsables forales "transparencia" ya que ha habido un "obscurantismo total" sobre el proyecto Habidite y "parece ser que también sobre la ejecución de obras en Bizkaia"; así como "serenidad" para que "sopesen" las consecuencias tanto para "iniciar actuaciones" como para las "rescisiones". Además pidió "responsabilidad" para "contratar convenios y para rescindirlos".