Así lo ha expresado en el seno de la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, en una comparecencia a petición propia sobre el posicionamiento en política educativa de Andalucía en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
Según la consejera, tal y como hasta el momento se viene dando la negociación sólo se logrará un pacto político "descafeinado y alejado de la sociedad y las diferentes regiones". Frente a ello, Andalucía propone la creación de un grupo de trabajo donde se aborden paso a paso, "con tranquilidad, serenidad y consenso", un documento que reflejaría la parte del pacto educativo que afecta a lo territorial.
Paralelamente, es necesaria, a su juicio, la creación y puesta en marcha de manera "coordinada" de otro grupo trabajo de comunidades educativas en el seno de los Consejos Escolares Autonómicos y el Consejo Escolar del Estado, para que las regiones, "las que realmente ostentamos competencias en Educación", puedan incorporar el trabajo realizado en los territorios, "favoreciendo la vertebración y la cohesión social".
Para ello, la consejera ve fundamental la derogación de la LOMCE, "que sólo ha conseguido debilitar aún más lo que ya era débil y agrandar aún más las brechas y diferencias entre regiones", máxime cuando la ley abocó a las comunidades a soportar un coste financiero extraordinario para su adaptación.
En cuanto a otras peticiones, De la Calle ha aludido a la derogación del decreto 14/2012 y al compromiso del Gobierno con unos presupuestos educativos "dignos", comenzando con la plena recuperación de los Fondos de Cooperación Territorial.
De la Calle también ha dado cuenta del comienzo de la labor para establecer el pacto regional por la educación como un compromiso impulsado por la sociedad andaluza, aumentando el presupuesto de Educación por encima de la media, con la recuperación de derechos laborales o el programado aumento en dos años de plantilla en unos 5.000 docentes.
"NO PUEDEN PEDIR EN MADRID LO QUE NO HACEN AQUÍ"
En lo tocante a la postura de los grupos, la diputada del Grupo Popular María Francisca Carazo, ha señalado que "no puede pedir en Madrid lo que no hacen en esta tierra", toda vez que "no han sido lo suficientemente valientes para poner en marcha un pacto educativo en Andalucía".
De esta manera, Carazo ha rechazado un gobierno "a golpe de decretazo" y donde las medidas han sido rectificadas "sólo por la presión en la calle", poniendo los ejemplos tanto de la reducción de unidades concertadas como del nuevo modelo de financiación del primer ciclo de Educación Infantil.
Por Podemos, la portavoz en la comisión, Libertad Benítez, ha incidido en la idea de "ir a pedir a Madrid lo que es incapaz de cumplir en Andalucía", ya que "le pide diálogo al ministro y es incapaz de sentarse en lo tocante al primer ciclo de Infantil". Ha enarbolado la bandera de la derogación inmediata de la LOMCE, abogando por que sea la comunidad educativa la que encabece un acuerdo social y político por la educación.
Por parte de Ciudadanos, la parlamentaria Marta Escrivá ha expuesto su convicción de que esta etapa política da "la oportunidad de construir juntos un nuevo modelo", para lo cual se precisan medidas como la recuperación de los Fondos de Cooperación Territorial, la derogación del decreto de la tasa de reposición o seguir el ejemplo de "consenso" en cuanto a la resolución del problema de los conciertos.
El diputado de IULV-CA Antonio Maíllo ha insistido en "desmontar lo que hay para empezar a hablar de un pacto educativo", en alusión a la vigente LOMCE, "que cuenta con un consenso de rechazo". También hace hincapié en la necesidad de recuperar la plantilla perdida y señala que "si no aprendemos bien del intento de Gabilondo --en alusión al ministro socialista que se quedó a las puertas de conseguir un Pacto por la Educación-- perderemos la opción de ofrecer una articulación de la sociedad desde la construcción de las bases para un nuevo modelo educativo con amplia participación".
Por último, la diputada del PSOE Adela Segura ha incidido en el "rigor" para reivindicar "los presupuestos que esta tierra necesita", alegando al respecto que la Junta "no confronta con el Gobierno, sino que solicita derechos irrenunciables: un Estado corresponsable con las dificultades del día a día y un compromiso de inversión".
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