La Comisión Europea ha advertido de que "existe un riesgo importante de retrasos en la ejecución y de pérdida de los fondos europeos" si se paraliza la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). De esta forma, respalda la justificación del Gobierno para vetar la tramitación de esta iniciativa del PSOE alertando de la retirada por Bruselas de 615 millones del Fondo Social Europeo (FSE) para la implantación de la 'Ley Wert'.
Así se desprende de la respuesta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, de la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, al eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, que preguntó a finales de 2016 a la responsable europea sobre las alegaciones del Ejecutivo español para impedir la tramitación de la proposición del PSOE.
"¿Puede la Comisión hacer depender la cofinanciación del FSE de la norma aplicable al sistema educativo español? ¿No es más cierto que lo que la Comisión debe comprobar (con la intermediación y certificación de la UAFSE) es si los cursos de formación se realizan efectivamente, y no la ley aplicada?", preguntó Jáuregui.
Thyssen explica que en caso de que las medidas en cuestión se suspendan o se interrumpan como resultado de la modificación de la Ley, "las autoridades nacionales tienen derecho a solicitar a la Comisión una modificación del programa y a asignar los fondos restantes a otras actividades, a condición de que contribuyan a los objetivos del programa".
Sin embargo, advierte de que como la aceptación de las nuevas medidas solo puede empezar a partir del momento en que se propone la modificación del programa operativo, "existe un riesgo importante de retrasos en la ejecución y de pérdida de los fondos europeos debido a la liberación automática de créditos presupuestarios de años anteriores".
EL CONFLICTO LLEGA AL CONSTITUCIONAL
La decisión de la Mesa del Congreso de tramitar la proposición del PSOE de tramitar la paralización de la LOMCE, pese al veto del Gobierno, ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó un recurso el pasado mes de enero, que el TC ha admitido a trámite, según ha publicado este miércoles 22 de febrero el Boletín Oficial del Estado.
Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.
A mediados de octubre, el Gobierno, en un escrito al que tuvo acceso Europa Press, señalaba que la LOMCE cuenta con la cofinanciación de los Fondos Europeos dentro del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020. En concreto, estas ayudas, que suman 614.961.977,98 euros, se han obtenido porque la norma española integra uno de los objetivos temáticos que se incluyen en los reglamentos europeos hasta 2020: la reducción del abandono educativo temprano.
Por ello, antes de que España perciba esta cifra la Comisión Europea tiene que comprobar que "se han realizado efectivamente y en los plazos previstos las acciones comprometidas". Es decir, que el país no recibe la ayuda hasta que la ley se aplique por completo.
Por eso, el Gobierno advierte de que "en el caso de suspender o paralizar la implantación de la LOMCE, la Comisión Europea podría considerar que España no cumple con las condiciones del programa y retirar total o parcialmente su financiación, por lo que se produciría una pérdida de ingresos para España de hasta 614.961.977,98 euros devengados en 2016", apuntaba el documento.
EL DECRETO QUE SUSPENDE LAS REVÁLIDAS NO TIENE COSTE
A principios de diciembre, el Gobierno aprobó el proyecto de 'Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)', que modifica la disposición final quinta relativa al calendario para suspender los efectos académicos de las 'reválidas', que ya no tendrán que hacer todos los alumnos.
Sin embargo, en la 'Memoria del Análisis de Impacto Normativo', un documento adjunto al decreto ley aprobado en Consejo de Ministros, señala que esta medida, al contrario que la proposición del PSOE, no tiene ningún coste para las arcas del Estado, negando así la pérdida de fondos europeos para el sistema educativo.
El texto, al que tuvo acceso Europa Press, señalaba que la decisión tomada no tiene "el impacto presupuestario inicialmente calculado" porque el decreto ley determina su acción "de manera muy delimitada" y "sólo supone alcance material" y no una paralización o derogación.
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