EL GOBIERNO ESTUDIA EL IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN DE LAS POSIBLES DEDUCCIONES EN EL IRPF PARA 2018

- Destaca la buena evolución de la recaudación tributaria. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, señaló hoy que desde Hacienda se está procediendo a identificar “lo que pueden representar” desde el punto de vista tributario las posibles deducciones en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para 2018.
Así lo señaló el secretario de Estado en declaraciones a los periodistas tras participar en una jornada sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la consultora Deloitte.
Fernández de Moya reiteró lo que ya anunció el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y es que se están estudiando deducciones en el ámbito del IRPF, tras la exigencia de Ciudadanos de bajar este impuesto a cambio de apoyar el ‘techo de gasto’ de 2018.
Además, el secretario de Estado puso en valor durante su intervención en la jornada la buena evolución de la recaudación tributaria, con un incremento en términos de caja hasta mayo del 4,4% en el IRPF, 9% del IVA, 8,5% del Impuesto de Sociedades y el 0,5% en impuestos especiales.
Fernández de Moya también valoró “lo que ha significado una elaboración de los PGE para 2017, con un patrón muy consolidado de crecimiento económico”.
Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social conocidos el pasado martes “nos sitúan en la senda correcta” para mantener la política económica y consolidar el Estado de bienestar.
Por otra parte, Fernández de Moya se refirió a la bolsa de expedientes sin resolver en los tribunales económico-administrativos, señalando que a partir de 2008 el número de entrada de reclamaciones se ha ido incrementando hasta 200.000 anuales, mientras que el volumen de las resueltas ha pasado de 150.000 hasta cerca de 190.000 en la actualidad.
En este sentido, destacó que en el plazo de cuatro años, los tribunales económico-administrativos podrán resolver “sin problema, en plazo”, las reclamaciones.
De esta manera, “iremos a un proceso de reducción de costes para el conjunto de la Administración tributaria”, que supondrá una “reducción muy significativa en materia de avales y la prestación de un mejor servicio”.

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