Bravo se ha manifestado en estos términos en declaraciones a los medios en los pasillos de las Corts, donde ha valorado la reunión sectorial mantenida el miércoles en Madrid con el resto de consejeros de Justicia de las comunidades autónomas que, según ha indicado, "fue muy decepcionante".
Según ha explicado, el conjunto de consejeros trasladó al Gobierno central en la reunión su "rechazo unánime" a la intención de la Dirección General de Tributos de que la justicia gratuita tenga que tributar. "Nos parece que es una decisión más política que jurídica, no entendemos por qué ahora habría que interpretar una sentencia del Tribunal de Justicia de la unión Europea de 2016 cuando ya había una de 2010 y nunca se aplicó", ha subrayado.
A su juicio, se trata de una medida "insolidaria" y "torticera" que supondría un coste de aproximadamente 5 millones de euros para la Generalitat Valenciana, que debería ingresar a Hacienda ese IVA del 21% aplicado a la justicia gratuita.
ÓRGANOS JUDICIALES Y REGISTRO CIVIL
Por otro lado, la titular de Justicia ha lamentado que la reunión de este miércoles se cerrase "sin propuestas concretas" para la creación de nuevos órganos judiciales, un hecho que ha considerado prioritario para la Comunitat Valenciana. "Reclamamos que más allá de planes y estrategias queremos hechos, necesitamos esos órganos judiciales", ha aseverado.
Además, Bravo ha criticado la reforma de la Ley de Registro Civil planteada por el Ejecutivo central en la reunión, ya que, según ha indicado, el Gobierno no cuenta con la aplicación informática necesaria que era "clave" para esa reforma. Así, ha considerado que la modificación planteada es "un parche" con una "estructura decimonónica".
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