El Gobierno de Zimbabue da marcha atrás en los recortes salariales a sus funcionarios

El ministro de Economía zimbabuense, Patrick Chinamasa, anunció los recortes el pasado jueves y en su presentación alegó que eran esenciales para reducir el enorme déficit presupuestario que tiene la nación africana.

Tan sólo seis días después, el ministro de Información, Christopher Mushohwe, ha declarado que el Gobierno ha rechazado la propuesta de Chimasa, que incluía un plan muy impopular para reducir la compra de maíz local.

Muchos sectores del país se preguntan cómo piensa reducir ahora el déficit el Gobierno de Mugabe, en medio de continuas protestas impulsadas por la oposición por la mala situación económica.

"El presidente y su Ejecutivo quieren asegurar a la sociedad zimbabuense que las medidas propuestas no eran de su agrado", ha declarado Mushowe en un comunicado publicado este miércoles. "Después de un gran debate, los recortes han sido descartados", ha añadido.

INDIGNACIÓN SOCIAL

Los recortes en la partida salarial de los funcionarios, que le cuestan al Gobierno zimbabuense el 97 por ciento de los ingresos anuales del país, han sido el foco de atención de las reformas que el ministro de Economía ha intentado implantar en los últimos meses.

Mediante multitudinarias manifestaciones, la población ha estado mostrando su descontento por la tasa de paro, que supera el 80 por ciento, así como por la difícil situación económica y la escasez establecidas en el país desde que se adoptó el dólar estadounidense en 2009.

Muchas de las protestas han acabado desencadenando graves enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que denuncian la mala gestión del presidente Mugabe, que a sus 92 años, lleva al frente del Gobierno desde la independencia del país de Reino Unido en 1980.

Este mes, las autoridades de Zimbabue han prohibido la celebración de manifestaciones en la capital del país, Harare. No obstante, las principales fuerzas opositoras han convocado multitudinarias protestas para el próximo sábado, con el objetivo de presionar al Gobierno para que convoque elecciones.