Este trámite formal es de obligado cumplimiento, pero queda a expensas de que el Gobierno de España comunique a la Junta la asignación de recursos para el próximo año y apruebe el objetivo de déficit para 2018.
Entre otras obligaciones, la Ley Orgánica 2/2012 establece que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales deben aprobar un límite máximo de gasto no financiero, coherente con los compromisos de estabilidad y los recursos provenientes del modelo de financiación autonómica, que marque el techo de asignación de recursos de sus respectivos presupuestos.
Para su fijación se excluyen las transferencias vinculadas a la financiación de las corporaciones locales (por participación en los tributos de la comunidad) y las finalistas de otras administraciones públicas (por fondos europeos y estatales o por el Fondo de Compensación Interterritorial).
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