La Junta de Portavoces fija el 29 de septiembre para debatir la Ley de Radiotelevisión

La Mesa ha aplicado a la ley el artículo 120 del Reglamento que indica que, cuando se estime que una proposición de ley implica un aumento o disminución de los ingresos presupuestarios, solicitará la conformidad del Consejo de Gobierno para admitirla a trámite. En este sentido, el Consejo de Gobierno tiene un plazo de ocho días para dar una respuesta razonada.

El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, se ha mostrado disconforme con la decisión adoptada por la Mesa, ya que según dice la disposición adicional transitoria de la misma "recoge la transitorialidad durante dos años, por lo que no afectaría ni a los presupuestos de 2016 ni a los de 2017". A esto añade que la estabilidad presupuestaria de esos años "garantiza hasta el 30 de abril la relación con Secuoya para respetar el contrato".

El socialista Rafael González Tovar ha asegurado que ya se ha elaborado el calendario para que el día 29 de este mes "se debata la ley". Para él, este texto pretende defender la situación de los profesionales de la información, la pluralidad, imparcialidad, el nivel profesional de la información, así como velar por impulsar el sector audiovisual en la Región. "Hemos abierto plazo de enmiendas e intentaremos hablar en ese periodo con todos los sectores implicados", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha dejado claro que su grupo es "muy respetuoso con los informes" que emiten los Servicios Jurídicos de la Cámara y que una vez el Gobierno se pronuncie sobre esta ley en caso de que se vaya a debatir finalmente, han pedido que se tramite por el procedimiento de urgencia, con el procedimiento a término fijo porque el 1 de octubre se prorroga el contrato que tiene Secuoya para gestionar la televisión pública.

En su opinión, "hay que poner coto a la manipulación informativa en medios públicos". Asegura que "no se puede permitir que los gobiernos "usen el dinero público para manipular", y añade que una televisión pública ha de servir para formar, informar y entretener.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, el solicitar la tramitación urgente de la ley sin estar admitida aún por la Mesa "demuestra la obsesión de Podemos y el PSOE por el control político de los medios".

El parlamentario considera que el modelo que persiguen Podemos y PSOE es "ruinoso", para ello ha recordado que los medios públicos de Andalucía cuestan 163 millones de euros, y los de Cataluña, más de 200 millones, mientras que en la Región el mantenimiento de la televisión es de 9 millones.

Además de eso apunta que el modelo de la Comunidad "garantiza estabilidad laboral y personal de los trabajadores y la solvencia económica y la independencia de los profesionales que en ellos trabajan". A lo que añade que los grupos de la oposición pretenden con la proposición de ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia "el control político de los medios".